En septiembre del año pasado, el Servizo Galego de Saúde (Sergas) aprovechó 60 millones de euros procedentes de la mejora de la recaudación para pagar medicamentos y prótesis ortopédicas, un tipo de operación habitual a lo largo del año debido a las necesidades de fondos adicionales a los presupuestados para cubrir el coste real de la atención médica. En total, el pasado ejercicio pasado necesitó 231 millones extra para fármacos y productos sanitarios como las citadas prótesis, gasas o material quirúrgico, por ejemplo. Para paliar esas aportaciones, la Consellería de Sanidade elevará el año que viene en 40 millones la partida para "material y suministros", que alcanzará los 898,2. Se trata de casi 300 millones más que hace nueve años, cuando Alberto Núñez Feijóo y el PP elaboraron su primer presupuesto al frente de la Xunta.

La administración modifica a lo largo del año sus cuentas, añadiendo nuevos fondos obtenidos bien a partir de créditos, bien del Gobierno central, o desviando partidas no ejecutadas hacia servicios con fondos insuficientes para cubrir su actividad. El Sergas siempre ocupa el primer lugar en este tipo de operaciones.

Sin embargo, el Consello de Contas ha afeado durante varios años la praxis de la Xunta, considerando excesivo el recurso a las modificaciones, que considera un vía extraordinaria y no una forma de actuar cotidiana para garantizar la financiación de gastos corrientes y previsibles.

Haz click para ampliar el gráfico

En julio, el organismo fiscalizador reveló su informe correspondiente a 2016, año en que las cuentas del Sergas variaron en 357,2 millones. "Mediante modificaciones presupuestarias se financian gastos para la cobertura de necesidades con consignaciones insuficientes, pero que eran conocidas en el momento de la aprobación del presupuesto, destacando especialmente el gasto farmacéutico", establece Contas, que reprocha el abuso del fondo de contingencias e imprevistos como una palanca de financiación habitual que distorsiona el papel del presupuesto como radiografía del gasto real autonómico. "Como se viene señalando de forma recurrente por esta Institución, la constitución del Fondo de Contingencia en los créditos del Sergas supone un elemento distorsionador del presupuesto al aplicarse a la cobertura de gastos que tienen carácter previsible (fundamentalmente el capítulo I de gastos de personal)", añade en su último informe el organismo presidido por José Antonio Redondo.

De acuerdo con la información económica enviada por el Ejecutivo al Parlamento, los desvíos de gasto en 2015 y 2014 sumaron 426,6 y 327 millones de euros, respectivamente. La mayor parte de los fondos se dedicó a pagar medicamentos y el resto, a contratación de personal para sustituciones y diverso material sanitario.

El control del gasto sanitario supone el mayor desafío de la administración autonómica, sobre todo por el incremento imparable debido al envejecimiento progresivo de la población gallega y al aumento de la esperanza de vida. De hecho, en 2015 la Consellería de Facenda decidió crear una subdirección específica en su organigrama para vigilar las cuentas del Sergas, que acapara el 42% del desembolso anual total de la Xunta. En 2017 aprobó su nueva estructura incorporando la Subdirección Xeral de Auditoría e Control Financiero Continuo do Sector Público Sanitario.

A medida que los presupuestos autonómicos han ido aumentando tras años de recortes, la partida presupuestaria para material y suministros ha crecido, añadiendo casi 11 millones en 2015 hasta los 611,1. Luego se han incrementado hasta los 647,3 en 2016, los 726,1 en 2017, los 858,2 este año y los 898,2 para el año que viene, según la información presupuestaria de la Consellería de Facenda. El año que viene Galicia sumará su cuarto año consecutivo de incremento presupuestario y alcanzará unas cuentas de 9.850 millones, por debajo aún de la barrera de los 10.000.

El objetivo pasa por paliar las aportaciones extraordinarias a lo largo del año al Sergas para afrontar pagos para los que este departamento carece de fondos suficientes, como sucedió en septiembre del año pasado para abonar recetas a las farmacias y prótesis a los proveedores.