La ola de incendios de octubre del pasado año llevó a la Xunta, entre otras medidas, a aprobar cambios normativos para facilitar la intervención de los concellos en la vigilancia de las franjas de seguridad para prevenir el fuego, en la ejecución subsidiaria de los desbroces cuando el propietario no limpie la finca -cargándole posteriormente los costes- o en actuar de forma ágil contra propietarios desconocidos o sin localizar. Estas competencias eran suyas también antes, aunque su cumplimiento resultaba bastante escaso y difícil por falta de medios y por unos trámites administrativos necesarios muy farragosos. Pero con las modificaciones introducidas tras los incendios de hace un año que quemaron 50.000 hectáreas en pocos días y acabaron con la vida de cuatro personas, la situación ha dado vuelco y al menos una treintena de concellos ha comenzado a actuar, con limpiezas subsidiarias y multas coercitivas, contra las fincas de propietarios desconocidos que permanecen llenas de maleza, arbustos y hasta árboles en zonas demasiado próximas a núcleos de población.
Los ayuntamientos más activos en esta ofensiva para reducir el riesgo de que las llamas se acerquen a pueblos y aldeas son los de Ribadeo, Nigrán, Barbadás, Meis o Tomiño, si bien también están actuando en este frente otros como Caldas de Reis, Ames, Ares, Mos, Vilaboa, Salceda de Caselas, Monforte de Lemos, Marín o Gondomar.
La ley establece que las fincas que rodean pueblos o casas aisladas deben están limpias de matorrales para evitar los incendios, de forma que en una franja de 50 metros de ancho no puede haber maleza. Cuando los avisos del municipio no son suficientes y el propietarios se niega a desbrozarla o no se puede localizar, entonces el concello tiene en su mano la opción de recurrir a las sanciones -hasta 3.000 euros- y proceder a la limpieza de forma subsidiaria, para luego trasladarle al dueño los costes o decomisar la madera, si la hubiera en el solar, para cubrir los gastos.
En el caso del Ayuntamiento de Viveiro, el Gobierno local asumirá la tarea subsidiaria por un coste de nada menos que 11.000 euros, que incluye el desbroce, limpieza de arbustos y helechos por medios manuales, retirada de la vegetación y transporte a un vertedero autorizado. En otros concellos, estas tareas cuentas un par de cientos de euros.
La Xunta ha insistido durante todo el año en que son los propietarios los responsables de gestionar la biomasa en las franjas de seguridad y los concellos, de velar por el cumplimiento de la ley. Y también ha incidido en que cualquier vecino puede implicarse en la mejora de la protección frente a los incendios denunciando a los propietarios que tienen sus fincas sin desbrozar. De hecho, en los expedientes abiertos por los concellos hay varios que partieron de la denuncia de otro vecino.
Aunque todavía no se ha puesto en práctica, está previsto además la implantación de un nuevo sistema, con más 28 millones de euros de financiación en tres años y medio, para combatir la inacción de particulares y concellos en la limpieza de las fincas ubicadas alrededor de los núcleos de población.
Se encargaría de los desbroces la empresa pública autonómica Seaga, pero previamente son los ayuntamientos los que deberían solicitar su adhesión a este modelo. Cerrado el plazo de convocatoria, son 144 los concellos que han pedido incorporarse al mecanismo público de gestión de biomasa y ahora le toca a la Xunta determinar quiénes cumplen las condiciones. Por la provincia de Ourense fueron 46 los ayuntamientos que reclamaron integrarse en este modelo, mientras que por A Coruña son 37, por Lugo, 32, y por la provincia de Pontevedra, 29 los municipios que han cursado la solicitud.
