Pisos, garajes, trasteros, sótanos, locales comerciales, solares, fincas rústicas, turismos, remolques... La lista de bienes embargados a contribuyentes ahogados por la crisis o el despilfarro consumista de los años de bonanza incluye todo tipo de propiedades, incluso chalés en construcción o el legado recibido en herencia por las deudas acumuladas con el fisco. Solo en las próximas dos semanas, los juzgados sacarán a subasta 107 inmuebles en Galicia por un importe que supera los 28,22 millones de euros, según las pujas activas que están anunciadas en la web del Ministerio de Presidencia.
En las ciudades y en las localidades de sus áreas metropolitanas se concentra la mayoría de los bienes en busca de un nuevo propietario. Por provincias, los tribunales de A Coruña concentran el gruesos de los inmuebles que subastarán en los próximos 15 días, pues la última fecha para la que se han convocado subastas en el portal de Presidencia es el próximo 12 de noviembre. Los juzgados coruñeses tienen una lista de 79 propiedades por un valor de subasta que ronda los 22 millones. O lo que es lo mismo, suma el 74% de los activos sacados a subasta y su importe representa casi el 80% del total de los bienes ofertados en la comunidad.
Desde los juzgados de Pontevedra se subastarán en dos semanas 19 bienes por 2,8 millones. Salvo una vivienda que está en Santa Cruz de Tenerife, con un precio de salida de 162.514 euros, todas las propiedades ofertadas están en la provincia, desde locales comerciales a fincas, garajes y viviendas.
De Lugo son tres los bienes a subastar por 1,3 millones y de Ourense seis, por 2,22 millones.
Fases
El objetivo es colocar los bienes embargados al mejor postor para así zanjar los impagos contraídos por particulares y empresas con la administración. Pero en los últimos años muy pocos de los activos subastados encuentran nuevo propietario: uno de cada diez procesos convocados en Galicia queda desierto. Aquellas propiedades que son sacadas a concurso en segunda licitación, pero que no son adjudicadas, pasan a adjudicación directa. Es decir, los interesados hacen una oferta y si se ajusta a su valor se hacen con el inmueble subastado. De lo contrario, se lo queda la administración.
Las próximas pujas programadas en los juzgados de la comunidad se cerrarán la próxima semana, entre ellas un lote de 38 activos de un concursado por una herencia en los concellos de O Pino y Touro que incluye una vivienda y fincas rústicas. Será el lunes cuando concluya el plazo para lanzar una oferta por 51 inmuebles en los juzgados gallegos que rondan los 10,6 millones de euros: 45 bienes en la provincia de A Coruña por un importe que alcanza los 9,8 millones, cuatro en Pontevedra que rondan los 500.000 euros y los dos restantes, en Ourense por un valor total 280.400 euros.
Procedimientos de ayer
Solo para la jornada de ayer estaban convocadas 10 subastas en Galicia. Todas procedentes de juzgados de la provincia de A Coruña y que tienen un valor próximo a los siete millones de euros. Entre los bienes para lo que hace apenas 24 horas concluyó el plazo para presentar una oferta destacan una parcela en Sigüeiro por 3,2 millones de euros, una finca en Ares por 2,28 millones, una nave en Ferrol por encima de los 2 millones y cuatro viviendas en Fisterra por 262.000 euros cada una.
Un depósito del 20% del precio de salida para pujar, que se pierde si se rechaza la adjudicación
- De la puja presencial a la electrónica. Desde hace dos años, las subastas judiciales y notariales son online, dejando atrás los procesos presenciales para hacerse con una propiedad en proceso de ejecución. Basta con entrar en el Portal de Subastas del Ministerio de Presidencia para conocer las propiedades para las que ya se ha abierto el plazo para pujar. Con un simple clic desde el ordenador bastará para convertirse en el mejor postor y hacerse con el inmueble ofertado. El único requisito que se exige para poder participar es un depósito del 20% del precio de la propiedad sacada a subasta. Una vez que el licitador resulta adjudicatario de un determinado lote, este quedará obligado a firmar el acta de la subasta y pagar el resto del precio de adjudicación en los 15 días siguientes. Pero si no se paga en ese plazo, se pierde el depósito y queda automáticamente anulada la adjudicación. Esta decisión puede suponer la adjudicación automática al segundo postor, siempre y cuando su oferta se mantenga y no sea inferior en más de dos tramos a la que resultó impagada. En cualquier otro caso, la propiedad subastada pasa a adjudicación directa, en la que los interesados en los bienes sacados a la venta presentan una oferta que después será estudiada por la administración. La adjudicación se hace al que presente la mejor oferta económica, siempre que se considere suficiente, de lo contrario pasará a formar parte del patrimonio del Estado.
