El pasado mes de marzo, la Xunta tomó una decisión inédita hasta entonces, según confirmaban desde San Caetano: sacar a subasta cinco naves industriales y dos locales comerciales embargados por el Instituto de Galego de Promoción Económica (Igape) ante el impago de los préstamos que había concedido a los dueños de esas propiedades. Era un intento de evitar el quebranto de las arcas públicas ante la falta de recursos de empresas -privadas y públicas- y particulares que deben devolver a la administración un dinero del que carecen. De hecho, la Xunta considera de "dudoso cobro" 109,8 millones de euros.
Igape e Instituto de Vivenda e Solo (IGVS) copan casi la totalidad de esa deuda en peligro de no ser saldada, según consta en el informe de la Conta Xeral de la administración autonómica correspondiente al año pasado. Pese al volumen de la cifra, esta se redujo casi un 20% respecto al ejercicio 2016, cuando se situó en 137, por lo que la mejora de la situación económica contribuyó a permitir a particulares y empresas pagarle a la administración gran parte de sus obligaciones.
Precisamente las políticas aplicadas por la Xunta durante los años más duros de la crisis constituyen el origen del problema de deuda pendiente de cobro que tiene el Igape, organismo que aplicó una política de créditos directos y avales a empresas como alternativa para obtener financiación, pues las entidades financieras decidieron en aquella época cerrar el grifo. Entre ambos instrumentos, el instituto económico acumula 261 millones de euros en la actualidad.
Pero esa estrategia elevó su exposición a padecer impagos. Según el remanente de tesorería que presenta, 53,2 millones de euros son difícilmente recuperables por la falta de recursos de sus deudores. Se trata de un 2,46% más que en 2016. Y eso que entre 2013 y 2014 no concedió financiación a empresas ante la deriva de la situación.
Otro dato evidencia el problema económico para el instrumento de impulso empresarial de la Xunta. Desde 2010, veinticinco empresas que recibieron 26 millones de euros en conjunto no amortizaron ni un solo euro. Cuatro de ellas, por cierto, recibieron dinero en 2005, tres años antes de la caída del banco de inversión estadounidense Lehman Brothers que desató la crisis económica mundial.
De ahí que en marzo, el Igape encargase a Xestur, la sociedad que comercializa suelo industrial público, la subasta de las citadas cinco naves y dos locales comerciales. Algo similar deberá acometer en un futuro para recuperar parte de sus activos. Uno de los agujeros, por ejemplo, corresponde a la empresa Nupel, firma de Jorge Dorribo, condenado en el marco de la operación Campeón, y a la que el Igape había prestado 2,95 millones. Ese laboratorio quebró.
El IGVS es el otro foco de atención del Ejecutivo en lo que se refiere a las dificultades para cobrar deudas. El instituto encargado de las políticas de vivienda presenta un saldo de "dudoso cobro" de 56 millones de euros, un 4,5% menos un año antes, lo que significa haber reducido ese riesgo en 2,6 millones.
Los impagos de alquileres públicos o préstamos para adquirir viviendas protegidas e incluso de recibos de propiedades que corresponden al IGVS se encuentran detrás de una parte de esas cuantías. De hecho, este organismo reconocía el año pasado en su contabilidad que tenía pendientes de cobro recibos de incluso el año 2000, difícilmente recuperables.
Vivienda pública
La política de la Xunta para evitar los desahucios se encuentra detrás de parte de esta carga económica. En algunos casos, asumió la deuda hipotecaria familiar para evitar el desalojo de la vivienda, confiando en la recuperación de la economía familiar. Pero esta no se produjo y ahora asume esa carga "de dudoso cobro". Aun así, en 2012, por ejemplo, el Ejecutivo desahució a un inquilino en un piso del barrio de Navia que acumulaba un año sin pagar el alquiler.
Pero no solo los particulares son responsables de la posible pérdida de dinero público. Parte de las deudas de dudoso cobro del IGVS corresponden a la Xestur, la sociedad de gestión de suelo público. En 2016, las deudas "de dudoso cobro" de esta por la adquisición de suelo sumaban 37 millones, si bien la Conta Xeral correspondiente al año pasado no desglosa el montante de 56 millones que el Ejecutivo considera de difícil recuperación.
Otros organismos cuentan también con facturas cuyo riesgo de no cobrar es elevado, aunque con cuantías muy bajas. Se trata de el Instituto Enerxético de Galicia (Inega), con 490.143; la Axencia Galega de Innovación (GAIN), con 115.888; la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), con 10.512 euros; y la Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos (ADOS), con 1.614, según la Conta Xeral.
