Los condenados en Galicia que eluden el ingreso en prisión con penas alternativas de cárcel son ya casi el doble que los reclusos que están entre rejas. Frente a los apenas 3.300 reclusos que cumplen condena en los cinco centros penitenciarios de la comunidad, casi 5.800 condenados en Galicia el año pasado -una media de 480 cada mes- evitaron una celda con trabajos en beneficio de la comunidad y programas formativos o de reeducación.
Esta alternativa, reservada para delitos con penas de prisión inferiores a tres meses, ha permitido descongestionar los penales de todo el país, que en los años de mayor hacinamiento cárceles como las de A Lama (Pontevedra) o Teixeiro (A Coruña), con una capacidad para poco más de mil reclusos llegaron a acoger cada una a casi 1.800 e incluso hubo centros en los que el nivel de saturación impedía separar a los internos por su peligrosidad o por la duración de la pena, obligando a convivir a los presos violentos con los menos peligrosos.
En el conjunto del país, las penas alternativas al ingreso en prisión experimentaron en 2017 una caída de casi el 8% respecto al ejercicio anterior, al pasar de los más de 92.000 mandamientos cumplidos en 2016 a los poco más de 85.000 el año pasado. En la comunidad gallega el descenso fue menos acusado: un 4,4%, con un total de 5.791 condenados a actividades sociales o programas formativos frente a los 6.058 del año anterior, según las estadísticas de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias recogidas en la memoria anual del Ministerio del Interior.
Por provincias, Pontevedra y A Coruña concentran el grueso de las condenas a actividades sociales en Galicia. En el primer caso se ejecutaron el año pasado 1.929 (el 33% del total en la comunidad) y en el segundo, 2.508 (43%). Las cifras de Ourense y Lugo se sitúan muy por debajo, con 915 y 439 penas alternativas a prisión, respectivamente.
La caída de la población reclusa en Galicia ha sido menos acusada en el último año que el descenso experimentado por las penas fuera de prisión, con un -3,9% en el primer caso y un -4,4% en el segundo. Las estadísticas de los últimos años, con una continua bajada de internos en las prisiones españolas reflejan la apuesta de Instituciones Penitenciarias por el régimen abierto -un sistema que se aplica a los condenados en tercer grado y que les evita tener que dormir en prisión-, pero también de jueces y fiscales por los trabajos en beneficio de la comunidad para delitos leves. Ayuntamientos, centros de inserción social y organizaciones sociales ofertan más de 33.000 plazas en toda España, más de 2.000 en la comunidad gallega.
La mayoría de condenas alternativas a prisión son por delitos leves en materia de seguridad vial (31,35%) o violencia de género (31,33%), seguidos de los ataque al patrimonio (14,39%) y las lesiones (10,84%). Y las condenas pueden ir desde días a meses e incluso hasta un año de duración. Si el condenado a tareas comunitarias trabaja, pena debe ser compatible con su horario laboral.
En el conjunto del país, Galicia ocupa el quinto puesto en número de condenas a trabajos en beneficio de la comunidad. A la cabeza del ranking se coloca Andalucía (19.178), seguida de Comunidad Valenciana (16.567), Canarias (9.566) y Madrid (7.673). En el extremo opuesto de la tabla están
País Vasco y La Rioja, con poco más de 800 penas alternativas a prisión cumplidas año pasado.
Solo cuatro comunidades registraron el año pasado un aumento de condenados que eludieron el ingreso en prisión haciendo actividades sociales: Andalucía,
Asturias, Comunidad Valenciana y Cantabria. Galicia es la sexta autonomía donde menos disminuyeron las penas alternativas a la cárcel (-4,4%) Donde más cayeron, en País Vasco (-86,5%) y Aragón (-26%).
