El cambio de Gobierno permitirá el debate en el Congreso de la petición unánime de los partidos gallegos para transferir a la Xunta la titularidad de la Autopista del Atlántico (AP-9), la principal vía de comunicación de la comunidad. De esa forma, la administración del socialista Pedro Sánchez desbloquea el tapón a la discusión en las Cortes de la cesión impuesta por el Ejecutivo del popular Mariano Rajoy.
La inclusión del debate de esta iniciativa en una sesión del Congreso está asegurada y pendiente de que se fije la fecha, aunque la demora puede sumar año y medio, según Europa Press. La aprobación de la reforma legal ya abre varias interrogantes ante la fragmentación parlamentaria, que obligó a Sánchez a tener apoyos de Podemos, grupos vascos y catalanes para ser investido presidente y que afronta dificultades para aprobar su presupuesto. De momento, ni PP ni PSOE desvelan sus intenciones, a pesar de la decisión socialista de retirar el veto a la AP-9.
El portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, celebró ayer la nueva coyuntura e instó al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a "convencer" a los diputados del PP en la Cámara Baja para que apoyen la cesión de la AP-9, exigencia de la que se colige el aval de los 84 escaños del PSOE. Su dirección, sin embargo, no concreta su posición.
La Mesa del Parlamento gallego recibió ayer un escrito firmado por la presidenta del Congreso, Ana Pastor, en el que alegaba el "nuevo criterio del Gobierno" para informar de la próxima tramitación de la propuesta autonómica para que sea la Xunta la titular de la autopista, cuya gestión estará en manos del sector privado hasta 2048, tras la prórroga del Gobierno del popular José María Aznar, que agotó el tope legal.
Pastor dio este paso tras recibir el 19 de julio la "conformidad" del Ejecutivo en una comunicación firmada por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Antonio Monlilla.
El debate fue frenado en tres ocasiones en la Mesa del Congreso, con el apoyo de Ciudadanos, por el Gobierno y el PP, a pesar de que este partido votó a favor de la cesión en la Cámara gallega. A cambio, el Ejecutivo de Rajoy constituyó una comisión de seguimiento conjunta Fomento-Xunta de la AP-9, cuya reunión exigió ayer el vicepresidente autonómico, Alfonso Rueda, para abordar cuestiones como la supresión del peaje de Redondela.
El Gobierno de Rajoy esgrimió para ello el artículo 136.4 de la Constitución que le concede capacidad de veto a iniciativas que supongan un aumento de gasto o disminución de ingresos. La cesión de la AP-9, aseguró, supondría entre 554 y 4.570 millones de euros, según sus cálculos.
La reformulación de la propuesta legal para eliminar la opción del rescate de la autopista y anular la concesión fue retirada en un posterior texto legal de la Cámara gallega, pero no sirvió para superar el filtro en Madrid.
El Tribunal Constitucional sentenció en abril que esos vetos no eran válidos si no especificaban a qué partidas presupuestarias afectaría el cambio legal propuesto. Poco después En Marea abrió en el Congreso otra vía de debate de la cesión de la AP-9 y la Cámara gallega aprobó su tercer texto.
La iniciativa será defendida en el Congreso por tres diputados, como establece el Estatuto. Tendrán voz PP, En Marea y PSdeG, pero no el BNG, el grupo más pequeño y el que registró el texto apoyado por unanimidad.
