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El Gobierno saca escasa renta en Galicia con el plan especial de venta de su patrimonio en desuso

El Gobierno saca escasa renta en Galicia con el plan especial de venta de su patrimonio en desuso

Solo colocó 33 de los 260 inmuebles urbanos que estaban previstos y recaudó 4,5 millones, la mayor parte de fincas rústicas

El Gobierno central puso en marcha en julio 2013 un ambicioso programa para sacar al mercado más de 15.000 propiedades entre inmuebles y fincas rústicas en desuso o innecesarias con el objeto de reducir los costes de mantenimiento y, por otra parte, hacer caja y reducir el déficit público en un momento en que la crisis económica golpeaba de lleno a la recaudación fiscal. La idea era completar el plan de enajenación en tres ejercicios, pero cinco años después todavía sigue activo y los resultados van muy por debajo de las previsiones. En Galicia, el balance cerrado esta semana presenta unas ventas totales por poco más de 4,5 millones de euros, la mayor parte procedente de fincas rústicas, mientras que los bienes inmuebles urbanos apenas tuvieron salida y solo encontraron comprador el 13% de los inmuebles puestos en venta: se adjudicaron únicamente 33 de los 260 previstos.

En toda España el Ministerio de Hacienda intentó colocar en el mercado 15.135 bienes, de los que 4.832 eran fincas rústicas y el resto viviendas, locales comerciales, naves, oficinas, solares, edificios, garajes y hasta algún palacete, siendo las viviendas, con unas 9.000, el paquete más importante.

La oferta en Galicia estaba compuesta por 260 propiedades urbanas, de las que 195 son viviendas, locales u oficinas y otras 65, solares -40 en la provincia de Pontevedra con la sede de la Delegación de Economía y Hacienda de Pontevedra de 5.700 metros cuadrados como elemento más singular, 145 en la de A Coruña y el resto en Ourense y Lugo-. Además, hay un número indeterminado de fincas rústicas que Hacienda no precisó en su cifra total, pero que bien podrían rondar las 2.000.

Cinco años después, el Ministerio de Hacienda ha accedido a difundir los resultados en Galicia de este programa extraordinario de enajenación en el que aportaban activos Defensa, Correos, Adif o Patrimonio del Estado. De los 260 inmuebles disponibles han salido a subasta 58 por un importe total de 3,2 millones de euros, pero solo se han vendido -tanto por el sistema de puja como por adjudicación directa- 33 por un precio que no llega a los 700.000 euros. No se vendió ninguno ni en Lugo ni en Ourense, por 23 en A Coruña con un precio de 197.000 euros y 10 en Pontevedra que sumaron 499.000 euros. En esta provincia se adjudicaron todos los inmuebles urbanos que se pusieron en el mercado y además casi por el mismo precio por el que se pretendían vender, con una diferencia de apenas 9.000 euros.

El Gobierno ya reconocía al año de iniciar el programa extraordinarios de enajenación que una de las principales dificultades que se iban a encontrar era la calificación urbanística de algunas propiedades, sobre todo de oficinas y solares, que al tener restringida su dedicación a usos lucrativos limitaba drásticamente el elenco de personas que podrían optar a su aprovechamiento.

Más éxito tuvieron, sin embargo, las fincas rústicas, según la información facilitada por el Ministerio de Hacienda. Se sacaron a subasta 1.501 por las que se esperaba obtener algo más de 6 millones de euros. Al final se colocaron 1.071 por 3,8 millones de euros.

El mayor número de predios adjudicados e importe de los mismos corresponde a la provincia de A Coruña. Se vendieron 516 fincas por 2,25 millones de euros, mientras que en Lugo se enajenaron 184 por un millón, por solo 95 en Pontevedra por algo más de 111.000 euros y 276 en Ourense por algo más de 410.000 euros.

El Ministerio de Hacienda justificaba la puesta en marcha de este programa de venta de patrimonio público en su intención de "optimizar" la ocupación de espacios, reduciendo la ratio de espacio ocupado por trabajador, disminuyendo así los gastos de mantenimiento y abandonando instalaciones innecesarias. Para ello realojaría servicios y oficinas y prescindirá de alquileres que estaba pagando. Pero además de optimizar espacios, el Gobierno central se desharía de todas las propiedades que tenía en desuso y que permanecían vacías o que estaba alquiladas a terceros, como las del Ministerio de Defensa que estaban arrendadas y donde se habían montado negocios tan dispares como peleterías, floristerías, supermercados, gimnasios, carnicerías o consultorios médicos.

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