Tras dos intentos, la Xunta ha conseguido adjudicar por fin su seguro de responsabilidad civil, cuyo destinatario principal es, con diferencia, el Sergas y las eventuales negligencias sanitarias que se pudieran producir. Ha sido necesario realizar dos licitaciones y retocar las condiciones para conseguir que una compañía aceptara cubrir los riesgos de la Administración autonómica. La razón fue que una reforma legal del año 2015 incrementó de media un 22,5% el importe de las indemnizaciones, lo que hizo perder el interés de las aseguradoras en hacerse con estos contratos. De nada valió en primera instancia que la Xunta abriera su licitación con una subida de 35% con respeto al anterior contrato. El concurso quedó desierto en junio y se volvió a lanzar de nuevo -por el procedimiento negociado sin publicidad-, pero reduciendo de dos a un solo año la vigencia de la póliza y rebajando el límite máximo a pagar por parte de la aseguradora para así facilitar la participación.
En esta segunda ocasión se presentaron dos compañías, las dos multinacionales, y la adjudicataria ganó por un precio de 7,855 millones de euros, 80.000 euros por debajo el presupuesto de salida en que había cifrado la Xunta su póliza de seguro.
Inicialmente, la idea de la Xunta era cubrir dos años de riesgos por 15,8 millones de euros. El importe era un 35% superior al anterior contrato, con el que se esperaba sortear el incremento en un 22,5% de las indemnizaciones, pero no fue posible. Ninguna empresa acudió a la licitación. Y hubo que hacer la segunda. Por la misma situación han tenido que pasar otras administraciones autonómicas para cubrir los riesgos de responsabilidad civil y patrimonial.
El nuevo contrato, asignado esta semana, rebaja ahora su duración a doce meses frente a los 24 iniciales. Este plazo más reducido es una ventaja para la aseguradora, dado que así tiene más capacidad para librarse de su relación contractual a la mayor brevedad si no están conformes o no salen las cuentas. Pero, además, recorta en seis millones de euros el riesgo al que está expuesta.
La indemnización máxima a pagar es de 12 millones de euros en el caso del Servizo Galego de Saúde, tres menos que la primera oferta licitada. En el caso de la administración general de la Xunta, el tope se fija en 10 millones, otros tres menos, si bien el grueso de la factura en indemnizaciones que deben pagar las compañías afecta al departamento sanitario.
Los máximos en caso de responsabilidad civil profesional/patrimonional y patronal o por accidente de trabajo se mantienen en 1,8 y 3 millones, respectivamente, mientras que en el caso de explotación/patrimonial desciende uno hasta los 6. No se modifica el límite por víctima o lesionado en un millón. Se mantienen en seis millones los límites por siniestro y en uno en el caso de víctima.
Desde 2005, la administración contó con dos aseguradoras. Entre 2005 y hasta 2013 suscribió una póliza con Zurich por una media de seis millones de euros anuales. En 2014, el contrato fue adjudicado a Segurcaixa por 5 millones, que expiró el pasado 30 de junio. La nueva aseguradora es ahora XL Insurance Company SE, Sucursal en España.
El Sergas es el principal afectado por el pago de indemnizaciones, si bien quedan excluidas de esta cobertura aspectos como los "daños meramente estéticos por no obtener la finalidad propuesta en la operación de cirugía plástica, no reparadora", "el pago de multas, penalizaciones o sanciones impuestas por los tribunales y demás autoridades" o "cualquier daño inmaterial o perjuicio económico que no sea consecuencia directa de daños materiales y/o corporales, garantizados por el contrato", entre otros.
