Tras conseguir la declaración de Paramos como zona catastrófica, lo que implica exención fiscal para las ayudas que recibirán, los afectados por la explosión de la pirotecnia ilegal urgen ahora al Gobierno central que financie el desescombro de la zona cero. Sin esta labor previa que puede costar 3,5 millones, es imposible que los vecinos puedan levantar o reconstruir sus casas, aunque reciban ayudas. También quieren conocer la letra pequeña del acuerdo, adelantado por este diario y que ayer tomó el Consejo de Ministros, antes de cantar victoria.
La declaración de zona catastrófica, sostienen las víctimas, "es gracias a nuestras protestas. Si no nos manifestamos, no lo hubiésemos conseguido", aseveran. Por ello, ayer decidieron continuar con la presión, y no desconvocaron la protesta prevista ante la sede de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra. Doscientas personas se concentraron, acompañados del alcalde de Tui, Carlos Vázquez Padín, y de todos los grupos de la corporación municipal, excepto el socialista.
Reclaman al Gobierno central que se haga cargo del desescombro. "De ninguna manera podemos asumirlo los afectados", afirman. "¿De qué nos vale la celeridad en los pagos de las ayudas si los afectados de la zona 0 no podemos iniciar las obras?", se pregunta Salvador García, el portavoz de los afectados.
También advierten de que, tras un "breve análisis de la declaración publicada en la web del Consejo de Ministros, no podemos quedarnos callados, las ayudas contienen cuantías irrisorias para cubrir la totalidad de los daños causados" y consideran que bastantes afectados "pueden quedar fuera de las ayudas".
Es por ello que aseguran que estarán vigilantes a la publicación en el BOE de este decreto. "Pedimos desde ya el resarcimiento total de los daños causados por la explosión, independientemente del grado de afectación, las rentas anuales y el estado de las viviendas", advierten.
Los afectados quieren garantías de "un compromiso de exención fiscal para todos los afectados y para todas las ayudas". "Queremos saber que la declaración de la renta.
A la Diputación de Pontevedra también insisten en pedirle apoyo técnico. La presidenta del ente ya anunció ayer que el proceso selectivo de dos arquitectos se finalizará la semana próxima. Y hacen un llamamiento a las empresas de seguros para que "resuelvan la situación con la debida consideración y celeridad" y que no hagan negocio con esta tragedia. "Confiamos en que las administraciones se hagan cargo de sus responsabilidades y asistan a los vecinos afectados", explican, en un barrio que sigue pareciendo a día de hoy "un escenario de guerra".
El alcalde de Tui, Carlos Vázquez Padín, desde el autobús en el que viajaba a Pontevedra, acompañando a los afectados, también considera que "hay que tener cautela y prudencia, pues en la web de La Moncloa figura un texto que parece un copia pega del Decreto 307/2005 que ya tramitó el copia pegaConcello de Tui.
Opina que el acuerdo del Consejo de Ministros no está suficientemente claro, pues, en su opinión, no aclara si la exención fiscal para las ayudas que reciban se refiere al IRPF y al IBI. "Hay muchas dudas", remarcó.
El próximo lunes se pondrá en contacto con la Subdelegación o Delegación del Gobierno para "aclarar todo lo necesario y tomar las decisiones oportunas". El regidor valora el acuerdo sobre la declaración de zona catastrófica que, en caso de no acontecer "hubiese provocado una tormenta en Galicia", pues representaría un agravio comparativo en relación al caso de Lluxent, a la que daban esa declaración por los incendios de agosto.
El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, defendió que
el Gobierno de Pedro Sánchez "escucha y resuelve". "Defendimos desde el primer día que había un compromiso y que se iba a cumplir", remarcó.
