Mejorar la lucha contra el fraude depende en gran medida de la agilidad de los procesos informáticos para detectar irregularidades o indicios de que un contribuyente no ha cumplido con las obligaciones que le corresponden. La Consellería de Facenda quiere estrechar el círculo sobre los infractores y comprobar que las autoliquidaciones impositivas que recibe son correctas, tras revisar al alza el año pasado la carga de 36.000 ciudadanos para que pagasen entre todos 110 millones de euros más de lo previsto. Y pretende hacerlo por vía informática agrupando datos fiscales dispersos, como el patrimonio de un contribuyente, sus facturas o las subvenciones recibidas, en un único portal que le permita ganar tiempo, eficiencia y eficacia.
Este departamento licitó este verano un contrato por 533.316 euros para desarrollar en tres años un sistema de información para el Centro Informático para a Xestión Tributaria Económico-Financiera e Contable (Cixtec) "que permita obtener las actuaciones tributarias, contables y administrativas vinculadas a un contribuyente", es decir, un programa que permita a los funcionarios disponer de todas los datos dispersos en diferentes portales. "Se tata de gestionar las mismas fuentes de información de forma más eficaz, rigurosa y ágil", exponen desde el departamento de Valeriano Martínez, que no halló empresas interesadas y declaró el concurso desierto. Prevé intentar otra licitación.
La intención de Facenda afecta solo al Cixtec, que gestiona los tributos directamente gestionadas por la Axencia Tributaria de Galicia (Atriga), como son el impuesto de transmisiones patrimoniales, el de actos jurídicos documentados y el de sucesiones y donaciones, fundamentalmente. Y la intención es "disponer de toda la información sobre un contribuyente, o grupo de ellos, para la toma de decisiones sobre la realización de actuaciones de control dentro del marco del Plan Xeral Tributario", según consta en el pliego del contrato.
El Cixtec desea incorporar a su sistema los datos fiscales relativos a patrimonio, impuesto de actividades económicas, ingresos, actuaciones tributarias, pagos contables, bienes tributarios, facturas y subvenciones, que se sumarían a los datos que ya maneja: expedientes, declaraciones, liquidaciones, índices notariales y bienes catastrales.
Además, los planes de Facenda pasan por mejorar su base de datos nueva de todos los contribuyentes, pues a la hora de cruzar datos de diferentes ficheros se encuentra con problemas como que pueden "diferir sus contenidos", según reconoce en el pliego del citado contrato.
"La búsqueda por NIF o por nombre es el eje principal sobre el que bascula el acceso a la información. El hecho de que alguna de esta información no forme parte del Censo Único Compartido puede dar lugar a inconsistencias de datos", indica. "El objetivo es conseguir un repositorio de personas/contribuyentes preciso y consistente", finaliza.
Por ello, la nueva base de datos deberá incorporar a los sujetos que no constan ahora en sus archivos y añadir toda la información de la que carece sobre los que sí figuran en ellos para así evitar cualquier resquicio para esquivar las obligaciones con el fisco en lo que atañe a las competencias autonómicas.
El año pasado, por ejemplo, las liquidaciones en los impuestos por aceptar herencias crecieron 77 millones de euros tras las revisiones de la Atriga.
Eso sí, para blindar la seguridad de las inspecciones, el sistema informático deberá monitorizar todas las entradas en el sistema y almacenar cualquier acción de los funcionarios o de alguien ajeno a la administración.
