Las dificultades para renovar la póliza de seguro que cubre a la Xunta, especialmente al Sergas, ante el pago de indemnizaciones por negligencias o malas praxis han forzado al Ejecutivo a retocar por segunda vez las condiciones del contrato para intentar convencer así a alguna compañía tras haber mejorado la prima un 35% en abril, si bien la ausencia de esta póliza no supone que no está cubierto ante estas circunstancias con sus propios fondos. El origen del problema de encontrar compañía radica en una reforma legal de 2015 que encareció los pagos a ciudadanos por las aseguradoras un 22% de media.
El pasado mes de abril, el Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo licitó el contrato para suscribir ese citado seguro incrementando la prima, es decir, el valor del contrato, un 35% hasta situarlo en 15,8 millones de euros por dos años. Pero en junio se percató de que ni así logró convencer al sector y el concurso quedó desierto. Ahora, vuelve a mejorar su oferta, aunque en un aspecto diferente.
Hasta 31,7 millones
La prima anual será a misma -7,9 millones de euros-, pero la póliza solo se firmará por un año, dando margen así a las aseguradoras a librarse de su relación contractual a la mayor brevedad si no están conformes. Pero, además, rebaja el riesgo al que están expuestas en seis millones de euros. De existir conformidad con las condiciones, el contrato podría ser prorrogado tres veces y el coste total sería de 31,7 millones en total.
El pliego del nuevo contrato establece una indemnización máxima a pagar de 12 millones de euros en el caso del Servizo Galego de Saúde, tres menos que la oferta licitada en abril. Los topes en caso de responsabilidad civil profesional/patrimonional y patronal o por accidente se trabajo se mantienen en 1,8 y 3 millones, respectivamente, mientras que en el caso de explotación/patrimonial desciende uno hasta los 6. No se modifica el límite por víctima o lesionado en un millón.
En el caso de la administración general de la Xunta, el tope se fija en 10 millones, otros tres menos, si bien el grueso de la factura en indemnizaciones que deben pagar las compañías afecta al departamento sanitario. Se mantienen en seis millones los límites por siniestro y uno en el caso de víctima.
Para garantizar la viabilidad de la póliza, el Ejecutivo exige como requisito que la aseguradora que opte al contrato haya superado los 15,8 millones de euros de volumen anual de negocio durante los últimos tres ejercicios.
El motivo de las dificultades para lograr un seguro que, recuerdan desde la Xunta, "es de carácter voluntario y no obligatorio para la administración", radica en un cambio legal de 2015 y afecta a otras comunidades. Tuvieron problemas, por ejemplo, Murcia, Asturias y Andalucía y ocho autonomías dispararon los precios de sus primas, entre las que se encuentran las dos primeras más País Vasco, Baleares, Aragón, La Rioja, Madrid y Cataluñ).
Indemnizaciones mayores
En 2015 se modificó la Ley de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras, generando un "notable incremento en las indemnizaciones, lo que consecuentemente influye en e coste de la siniestralidad de las pólizas", justificaban en abril fuentes de la Xunta. La subida fue del 22% de media.
La Xunta quería en un principio haber suscrito una póliza que entrase en vigor el pasado 1 de julio y se prolongase hasta el 30 de junio de 2020. Ahora, pretende que sea del 1 de octubre al 30 de septiembre del año próximo.
Desde 2005, la administración contó con dos aseguradoras. Entre 2005 y hasta 2013 suscribió una póliza con Zurich por una media de seis millones de euros anuales. En 2014, el contrato fue adjudicado a Segurcaixa por 5.
Exclusiones
El Sergas es el principal afectado por el pago de indemnizaciones con cargo a este seguro, si bien quedan excluidas de esta cobertura aspectos como los "daños meramente estéticos por no obtener la finalidad propuesta en la operación de cirugía plástica, no reparadora", "el pago de multas, penalizaciones o sanciones impuestas por los tribunales y demás autoridades" o "cualquier daño inmaterial o perjuicio económico que no sea consecuencia directa de daños materiales y/o corporales, garantizados por el contrato", entre otros.
