En Marea y el BNG han reclamado que se active ya el proceso de recuperación para titularidad pública del Pazo de Meirás, situado en Sada (A Coruña) y que permanece en posesión de los herederos de la familia del dictador Francisco Franco. La Xunta, sin embargo, apuesta por "ver los fundamentos jurídicos" y "estudiar si efectivamente es posible" la recuperación del inmueble, señaló el vicepresidente, Alfonso Rueda, quien garantizó que estaría "muy atento" a las conclusiones del texto.

Los portavoces de En Marea y BNG, Luis Villares y Ana Pontón, respectivamente, apostaron por iniciar ya el proceso de recuperación del pazo horas antes de que se hicieran públicas las conclusiones del informe elaborado por la Comisión de Expertos sobre el Pazo de Meirás, que propone la incorporación del inmueble al dominio público por la vía de la "fuerza de uso" como inmueble de Estado, aunque abre la puerta a indemnizar gastos a los Franco, motivo por el que el Ayuntamiento sadense emitió un voto particular.

Villares resaltó que la recuperación de Meirás para la titularidad pública "va más allá de lo simbólico" y supone "un ejercicio democrático necesario para acabar con la impunidad a nivel político, jurídico y económico" del franquismo. El portavoz de En Marea mostró su satisfacción por las conclusiones del informe y pidió que arrancase el proceso para la puesta en marcha de las medidas que hagan revertir lo que fue "una extorsión" disfrazada de "aparente donación" que, sostuvo, evidencia que la transición política tras la muerte del dictador "dejó cabos sin atar".

Para Pontón, el proceso "se ha dilatado más de lo necesario" y las conclusiones de la comisión "despejan incógnitas" que el BNG "nunca tuvo". Por ello, ha instado al Gobierno español a que ponga "al mismo nivel" el Pazo de Meirás y el Valle de los Caídos en un momento en el PSOE ha planteado la posibilidad de trasladar los restos de Franco del mausoleo situado en Madrid. "El Pazo y todos los bienes expoliados tienen que ser devueltos", incidió la nacionalista, que recordó que a la "anomalía" de que la familia del dictador conserve bienes "expoliados" se suma que los Franco hayan denunciado a 19 activistas del BNG que realizaron una ocupación simbólica del inmueble el año pasado.

El vicepresidente de la Xunta aseguró, antes de la presentación del informe, que el Gobierno gallego estaría "muy atento" a las conclusiones del informe de la comisión de expertos de la Consellería de Cultura para "ver los fundamentos jurídicos" y "estudiar si efectivamente es posible" la recuperación del pazo.

Rueda apostó por "conocerlo primero" para "poder opinar en profundidad" e intentar devolver a manos públicas el inmueble. "Si, como parece, [el informe] indica que hay una posibilidad de recuperación, bienvenida sea. Hay que estudiar si efectivamente es posible y es viable esa recuperación", apuntó, para después insistir en que la Xunta estará "muy atenta" al camino que le marcan los expertos.

En concreto, la propuesta jurídica de los expertos abre la puerta a que la familia Franco cobre los gastos de mantenimiento entre 1975 y la actualidad. Propone una acción reivindicatoria contra la comunidad hereditaria y solicitar, a través de una demanda, la declaración del carácter del inmueble como bien de dominio público a la jefatura del Estado. El comité, creado por al Gobierno gallego y del que forman parte la Diputación y el Concello de Sada, propone al Estado plantear una acción reivindicatoria. El informe deja la puerta abierta a una indemnización a los herederos de Franco por los gastos de conservación y mantenimiento, al entender que fueron poseedores de "buena fe", punto en el que discrepa el Ayuntamiento sadense. El Concello sostiene que los familiares eran "perfectamente conocedores y partícipes de los vicios de nulidad radical del título de compraventa".