Víctimas del Alvia creen que la UE prueba que "Renfe, Adif y Fomento incumplieron" la norma

La plataforma de víctimas del accidente del tren Alvia ocurrido en Angrois (Santiago) hace ahora casi cinco años subraya que el informe de la Agencia Ferroviaria Europea "demuestra que Renfe, Adif y el Ministerio de Fomento incumplieron la normativa" en materia de seguridad ferroviaria, lo que llevó a que se produjese el siniestro que ocasionó 80 muertes y 144 heridos.

"Se podría haber evitado", sostiene el portavoz de la plataforma Alvia 04155, Jesús Domínguez. En este sentido, opina que los altos cargos de Adif (dos) y Renfe (uno) investigados en la causa no se salvan del juicio oral, dado que los argumentos de los expertos comunitarios, a su modo de ver, sustentan en mayor medida su imputación. De hecho, Domínguez considera que debe haber "más imputados" y apunta al Ministerio de Fomento, por sus competencias en la puesta en marcha de una nueva línea ferroviaria, según explica a Europa Press.

Respecto de los cargos investigados, todavía en puestos de libre designación, espera que el ministro, José Luís Ábalos, "los cese". Con este fin y el de trasladar documentación e intercambiar impresiones, la asociación ya pidió una reunión al nuevo titular de Fomento.

En el frente judicial, el representante de la plataforma avanzó que pedirán al juez del caso, Andrés Lago, que convoque al jefe de seguridad de la Agencia Ferroviaria Europea, Cristopher Carr, para que ratifique el informe elaborado por el ente encargado de velar por la seguridad ferroviaria en los estados de la UE.

"Da mucho que pensar que nadie del Estado haya pedido perdón", reflexionó Jesús Domínguez, para quien la Unión Europea "confirma" lo que la asociación de afectados lleva "diciendo desde el principio": que hubo responsabilidades en la merma de seguridad en la línea Ourense-Santiago. Además, destacó que el informe "tira por tierra" y "desmiente la verdad oficial". "Es un escándalo que hayan tenido que pasar cinco años y que tuviéramos que ir a Europa para que nos hicieran caso", sostiene.

No fue hasta su mediación, en junto a la eurodiputada del BNG Ana Miranda, cuando el documento que el magistrado había solicitado a la Agencia hace un año llegó al juzgado, después de un primer envío a una dirección errónea y tras cinco meses en que el escrito estuvo en paradero desconocido después de que los responsables europeos lo entregasen a un fiscal de la Justicia francesa.

El juez preguntó a la Agencia Ferroviaria Europea si la evaluación integral de riesgo era necesaria en la línea Ourense-Santiago. Los expertos del organismo indican que el cambio de proyecto de la línea de alta velocidad y la desconexión del sistema ERTMS fueron cambios "significativos" cuyo riesgo debía haberse evaluado.

El informe señala que "el riesgo de descarrilamiento causado por el exceso de velocidad de un tren debe formar parte de la evaluación de riesgo tanto de la empresa ferroviaria como del administrador de la infraestructura", esto es, Renfe y Adif en España. Dicha evaluación, añaden, "debe tener lugar en la fase de diseño y revisarse siempre que se efectúe un cambio en la infraestructura durante el proyecto o siempre que un cambio de las condicione de funcionamiento o un nuevo material supongan nuevos riesgos en la infraestructura o en los servicios".