El período de alto riesgo de incendios comienza el 1 de julio y por primera vez llegará hasta finales de octubre, informa la Consellería de Medio Rural. El Diario Oficial de Galicia publicó ayer la primera declaración de la época de peligro alto de incendios forestales entre el 1 de julio y el 30 de septiembre como primer anuncio que "deberá ampliarse formalmente durante los meses de verano por un mes más", tal y como se había anunciado por parte del departamento que dirige Ángeles Vázquez.
El Ejecutivo gallego explica que la decisión de ampliar la temporada de alto riesgo se decidió después de que en los últimos años las condiciones meteorológicas en otoño fueran favorables a la propagación de fuegos. Así, destaca que "por primera vez" todo el operativo está ya preparado para continuar trabajando a lo largo del mes de octubre.
De ese modo, indican desde la Administración, el encargo de gestión a Seaga es en esta ocasión de cuatro meses, un mes más del que era habitual en este servicio. Los brigadistas entrarán a trabajar el día 2 de julio y mantendrán los contratos hasta el 31 de octubre. Eso significa, explican desde el Ejecutivo gallego, que "durante ese mes habrá el mismo número de personas trabajando sobre el terreno que en los meses de verano, tanto personal propio como los 500 empleados de Seaga". En caso de que las condiciones meteorológicas no requieran de su intervención en la extinción de fuegos, las brigadas de Seaga seguirán desarrollando labores de prevención en los montes de gestión pública de Galicia, añade.
Medio Rural destaca que 7.000 personas componen este año el dispositivo de lucha contra incendios forestales para la temporada de verano, integrado por personal de la Xunta, del Ministerio, del ejército y de las cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado. Además, "también por primera vez", indica el comunicado, el 100% de las vacantes del personal autonómico del operativo estarán cubiertas.
Gestión del monte
Por otra parte, el Parlamento gallego pidió ayer a la Xunta que priorice en las ayudas a las comunidades de montes vecinales a las que cumplan con sus obligaciones, a la vez que insta a impulsar a las que no cuentan con instrumentos de gestión o no cumplen con sus tareas. La propuesta, que insta a la Xunta a que la Dirección Xeral de Ordenación Forestales certifique las comunidades de montes que cumplen con sus obligaciones legales, de forma que el criterio sirva para primar ayudas y para que puedan acceder a la cesión de otros montes vecinales en estado de abandonado, salió adelante con los votos de populares y socialistas y el rechazo de En Marea y BNG.
El diputado popular José González aseguró que existen más de 3.000 comunidades de montes en Galicia y solo 1.254 están al día de sus obligaciones legales. De hecho, aludió a que hay "800 comunidades que no tienen comuneros", por lo que aboga por "cederlas no a empresas", sino "prioritariamente a comunidades que estén bien gestionadas". El diputado de En Marea Davide Rodríguez alegó que su grupo no va a apoyar "la privatización de los montes gallegos en favor de las empresas privadas".
