"No queremos una herencia envenenada". Bajo este lema, más de 130 colectivos de los sectores de la pesca y agricultura movilizaron ayer a miles de ciudadanos para rechazar la reapertura de la mina de cobre situada en los límites de los municipios coruñeses de Touro y O Pino. Representantes de concellos de todos los colores políticos, organizaciones sindicales y todos los partidos de la oposición apoyaron la multitudinaria manifestación que abarrotó las calles de Santiago y la plaza del Obradoiro. El objetivo de la marcha: que la Xunta paralice el proyecto de la multinacional Atalaya Mining y Cobre San Rafael, deniegue la autorización para la explotación minera y firme ya la caducidad de la concesión. Advierteron de que salir adelante el proyecto -que abarca casi 700 hectáreas y que podría llegar a las 2.000-, se pondría en peligro el entorno ambiental y el trabajo de unas 30.000 familias que viven de los recursos pesqueros y marisqueros de la ría de Arousa.
Organizada por la plataforma vecinal Mina Touro-O Pino Non y por la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, la manifestación arrancó de la Alameda y concluyó en la plaza del Obradoiro. Sus impulsores, que sospechan que la mina podría ser autorizada en agosto, advierten de las consecuencias para la comarca de Santiago y la ría de Arousa, ya que la explotación contará con "balsas con lodos altamente contaminantes", "voladuras diarias", usará "elementos químicos sospechosos de causar cáncer" y provocará vertidos "contaminados" al agua del Ulla que, recuerdan, abastece a más de 155.000 vecinos.
Por su parte, la firma Cobre San Rafael acusa a los manifestantes de generar "una alarma infundada" con "argumentos sin base técnica" y defendió que la explotación cuenta con "garantías" de control y seguridad para la "no afección a las aguas y al medio natural".
