La división entre el grupo parlamentario de En Marea y el Consello das Mareas, máximo órgano del partido instrumental, quedó patente ayer a propósito del caso de la diputada Paula Quinteiro, envuelta en un altercado con la Policía Local de Santiago en el que mostró su credencial de parlamentaria. El citado Consello pidió su dimisión el viernes, pero tras siete horas de reunión en la Cámara y tras la negativa de la inscrita de Podemos a dejar el cargo, el grupo desoyó ayer esa exigencia y la consideró "una declaración política que no tiene consecuencias directas", abortando, por mayoría, la opción de expulsarla, debilitando la figura de Luís Villares, portavoz de la formación y partidario de la salida de Quinteiro. Es más, de facto rechaza los argumentos por los que el Consello exigió su adiós, basándose en un comportamiento éticamente reprobable. "El grupo considera que Paula Quinteiro debe seguir desarrollando sus funciones como parlamentaria", espeta.
El altercado de Quinteiro durante la identificación de un joven que formaba parte de su grupo en la noche del viernes 16 al 17 por las denuncias vecinales de vandalismo -aunque no se denunció ni a este ni a la diputada por ello- ha servido de detonante de la crisis larvada que amenaza con romper formalmente la fuerza que lidera la oposición en Galicia y que incorpora también una lucha por el control de En Marea.
Una semana de presión fue el contexto previo a la cuarta reunión del grupo parlamentario sobre el caso, la primera tras la decisión del Consello das Mareas. La tensión se elevó tras conocerse un vídeo en el que afines a Quinteiro se burlaban de Luís Villares en una comida el día del plenario de En Marea.
El grupo parlamentario, compuesto por 14 miembros de los que siete militan en Podemos aunque accediesen al acta sobre el papel bajo el paraguas exclusivo de En Marea, tenía las opciones de acatar las directrices del Consello, expulsando a Quinteiro al grupo mixto si se negaba a dimitir, o mantener su rechazo a esa decisión. Mantuvo esta última, desautorizando así un órgano en manos de Villares, sus afines y los sectores minoritarios de En Marea con los que el primero pactó en contra de sus antiguos socios, hoy enemigos internos, como Marea Atlántica. En el Consello, por ejemplo, se sienta Consuelo Martínez, de Cerna, que la legislatura pasada se pasó al grupo mixto y agravó la crisis de AGE, precedente de la actual En Marea.
En ese escenario, las siete horas de reunión concluyeron con un escueto comunicado de cuatro puntos y, de nuevo, sin declaraciones de Villares. Por mayoría -no unanimidad- el grupo considera que la "opinión" del Consello "es una declaración política que no tiene consecuencias directas porque para que eso fuese así se debería seguir el procedimiento regulado". Por ello, Quinteiro reclamará un "expediente informativo" al Consello para que detalle el caso y los fundamentos orgánicos sobre los que se basa su petición de expulsión, una estrategia con que pretende ganar tiempo, además de exigir una justificación orgánica de la medida.
El grupo parlamentario también sostiene que el incidente fue "instrumentalizado por el PP para atacarla personalmente y al grupo parlamentario".
La gestión del altercado de Quinteiro no solo ha evidenciado las rencillas internas en En Marea, sino que amenaza con añadir tensión a las negociaciones de las candidaturas para las elecciones municipales del año que viene, en las que concurrirá Podemos por primera vez y en las que la dirección pretende que su nombre cuente con visibilidad, a la espera de conocerse los resultados de la consulta a los inscritos de los concellos gallegos.
La secretaria xeral de Podemos en Galicia, Carmen Santos, reconoció ayer que "no es un buen día" para el espacio rupturista y anunció que los siete inscritos de su partido de En Marea debatirán y explicarán hoy su postura. "Creemos en la unidad y debemos reflexionar sobre cómo fortalecer estos espacios de unidad y no defraudar", expuso antes de rechazar "entrar en la cortina de humo" del PP, que rechaza, prosiguió, explicar "cómo llegaron a sus manos fotos del narcotraficante Marcial Dorado", en alusión a las imágenes de este con Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta.
Además, sobre este asunto se posicionaron el resto de partidos. PP y PSOE defendieron que los diputados deben tener un comportamiento "ejemplar" y el BNG pidió a En Marea resolver con "inteligencia" el caso Quinteiro.
