Casi seiscientos empleados públicos fueron autorizados por la Xunta en los dos últimos años a compatibilizar su actividad en la Administración autonómica con un trabajo en el sector privado. El colectivo más numeroso fueron los médicos. Desde 2016 cerca de trescientos pidieron permiso al Gobierno gallego para dedicarse a su consulta particular o ejercer en una clínica privada. Pero no son los únicos que buscan otras salidas profesionales fuera del ámbito público. Un total de 88 profesores decidieron completar su trabajo en la Administración con otra actividad laboral.
Los empleados públicos tienen la puerta abierta a simultanear su trabajo con otro puesto en el sector privado siempre y cuando este otro empleo "no impida o menoscabe la imparcialidad o independencia o el cumplimiento de sus deberes en la Administración". Solo tienen que solicitar permiso a la Xunta y renunciar al complemento específico de dedicación exclusiva.
La compatibilidad entre un puesto público y el sector privado es una práctica frecuente sobre todo en el ámbito sanitario y no exenta de polémica. En Galicia dos de cada diez médicos del Sergascompaginan su actividad con la privada, unos 1.400 facultativos.
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Según los datos del Portal de Transparencia de la Xunta, una media de 150 médicos piden permiso cada año al Sergas para trabajar en una clínica o consulta privada. Se trata sobre todo de facultativos especialistas, pero también hay médicos de familia e incluso jefes de servicio.
Esta práctica, sin embargo, suscita recelos ante las dudas de que el médico descuide su trabajo en la pública o derive usuarios a su consulta particular. El Consello Galego de Bioética llegó a reclamar que se impida que un facultativo atienda al mismo paciente en la pública y en la privada.
Sin embargo, los médicos defienden que los sueldos en la administración sanitaria son bajos -el desarrollo de la carrera profesional, que ahora se ha retomado, lleva años paralizado-. Desde los hospitales privados se ha pedido al Sergas que se flexibilice el régimen de compatibilidades para que se levante la prohibición que existe de que un médico de la red pública pueda trabajar en un centro privado concertado.
La Consellería de Sanidade es partidaria de modificar la Ley de Incompatibilidades porque se ha quedado anticuada y pedirá al Ministerio de Sanidad que la cambie, aunque sin detallar qué aspectos se deberían retocar.
Los médicos no son los únicos que simultanean dos trabajos. Una veintena de enfermeros, auxiliares y matronas se acogieron también al régimen de compatibilidades.
Y fuera de la sanidad hay casi un centenar de docentes que fueron autorizados a ejercer también en el sector privado. Piden la compatibilidad para dar clases en academias, trabajar como monitores o dedicarse a otras actividades que poco tienen que ver con su labor pública, como dedicarse a la arquitectura, al comercio o la hostelería.
Otros empleados públicos, como peones forestales, limpiadores, técnicos o administrativos también pidieron trabajar en el sector privado.
De bibliotecario a detective privado
- Tras la decisión de compaginar un empleo en la Administración autonómica con el sector privado puede estar el interés por conseguir unos ingresos extra, ayudar en el negocio familiar o en algunos casos cumplir con las aspiraciones profesionales que no cubre el puesto en la Xunta. Y así lo demuestra el hecho de que en algún caso, el segundo empleo es radicalmente distinto al trabajo que se desempeña en la pública. Ocurre así, con un auxiliar de archivos y bibliotecas que ha solicitado permiso para ejercer de detective privado. Pero no siempre se busca un mejor empleo fuera del ámbito público. En el listado publicado en el Portal de Transparencia de la Xunta aparece una técnica especialista en imagen para el diagnóstico del Sergas que ha solicitado permiso para trabajar de "limpiadora". El régimen de compatibilidades establece que también se debe pedir permiso para ejercer un segundo trabajo, aunque sea dentro del ámbito público. Y éste fue el caso, en los dos últimos años, de más de 180 empleados de la Administración autonómica. La práctica mayoría son trabajadores públicos que deciden dar clases en alguna de las tres universidades gallegas.