Cada dos días, la Xunta asume la tutela de una persona adulta que no está en situación de tomar decisiones por sí misma y carece de familiares capaces de hacerlo. Aunque en los últimos años se ha ralentizado el ritmo, la Administración pública prevé que el número de usuarios no dejará de crecer, sobre todo a corto y medio plazo debido, en parte, al envejecimiento de la población y también al aumento de personas diagnosticadas con trastorno mental. En lo que va de año, la Fundación Galega para a Tutela de Persoas Adultas (Funga), dependiente de la Consellería de Política Social, se ha hecho cargo de 187 mayores, un 5,8% más que el año pasado. Si el ritmo de una tutela cada dos días se mantiene, aún se añadirán otras 25 personas y se acabará el año en cifras similares a 2016, cuando la Funga asumió el cuidado de 216 mayores de edad.
Desde que se creó en 1997, la fundación no para de sumar personas a su cargo. Comenzó con 69 y tiene ya 3.436 tutelados en diferente grado. Se trata de personas mayores de edad que, por decisión de un juez, no pueden seguir valiéndose por sí mismas en el ámbito jurídico, social o patrimonial y carecen de familia o ésta no puede o no quiere hacerse cargo. Porque según observan desde Política Social, a la situación de paulatino envejecimiento de la población y las patologías como demencia, enfermedades mentales, deficiencia intelectual o alzheimer se suma el "desarraigo familiar existente en nuestra sociedad en relación con estos sectores de la población". Esto se debe a las "dificultades que les entraña a las familias la atención de las personas" con estas enfermedades.
La curva ascendente que marca el número de adultos tutelados en los 20 años que lleva funcionando la fundación se ha ralentizado en los últimos años y ya no supera el 10% de crecimiento anual, que mantuvo en los años anteriores a 2014. El salto más grande se dio en 2012, cuando se incorporaron 338 adultos a este programa de tutelas.
Cuando un juez decide que la persona no está en condiciones de valerse por sí misma y decide que la Administración pública asuma su tutela, la Funga se encarga de la protección de su patrimonio, pero también en casos judiciales y sociales. Por ello, se debe de responsabilizar también de que participe en programas de asistencia, rehabilitación, integración o formación, con el fin de favorecer su integración en la comunidad. En los casos en los que el adulto pueda recibir una prestación, es también la Funga la encargada de gestionarlo, así como solicitar la valoración de la dependencia si es necesario.
Más de la mitad precisan custodia completa
- No todos los adultos tutelados lo son en el mismo grado. Más de la mitad de los 3.436 adultos que dependen de la Funga sí lo hacen de manera completa porque se considera que su capacidad para obrar está afectada de manera importante, ya sea por una enfermedad física o psíquica. Son 1.863 del total, a los que probablemente se sumen otros 172 que están en el proceso de pretutela en este momento. Si la afectación a su autogobierno no es tan importante, entra en la categoría de curatela. En este caso, la persona es capaz de manifestar su voluntad y la Funga le presta apoyo para su ejecución pero sin ser su representante legal. 322 adultos se encuentran este año bajo esta fórmula. El segundo grupo más importante son las defensas judiciales, que consisten en defender a una persona que está inmersa en un proceso judicial que decida su capacidad, pero no comparecieron o no contestaron en 20 días. Esta figura se utiliza también en conflictos entre tutor y personas tuteladas. Durante este año se han contabilizado 760. La fundación también se hace cargo de la administración de bienes de 36 adultos. Además, la Funga se ha hecho cargo de 283 personas a lo largo de este año que han causado baja, bien por fallecimiento, porque se les ha nombrado otro tutor o porque han recobrado judicialmente su custodia.
