La heredera de Franco tiene 15 días para devolver al Concello de Santiago las dos figuras del pórtico de la Catedral que están bajo el control de su familia desde los años 50. Si Carmen Franco no reconoce que las esculturas son propiedad de Santiago y las pone a su disposición, el Concello tomará acciones legales. Este es el contenido del requerimiento que envió ayer el Gobierno de Santiago, la primera administración que pone en marcha un procedimiento para solicitar a la familia del dictador que devuelva al pueblo gallego bienes como las esculturas, atribuidas al Mestre Mateo, o el Pazo de Meirás, declarado Bien de Interés Cultural (BIC). La puesta en marcha de este requerimiento y, en caso necesario, de posteriores acciones legales cuenta con el respaldo del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que indicó ayer que le gustaría "que prosperase".

Para Feijóo la fórmula utilizada por Santiago "está bien construida desde un punto de vista formal" y se trata de la misma, dijo, que el PP plantea para recuperar el Pazo de Meirás. El titular de la Xunta explicó la semana pasada en el Parlamento que su opción para que el inmueble pase a tener titularidad pública es crear una comisión de investigadores universitarios que "acredite los vicios ocultos" que hubo en la donación del pazo a la familia Franco y, así, dejarla sin efecto.

El pleno de Santiago aprobó ayer por unanimidad reclamar las figuras y pedir a la Xunta que las declare BIC. El concello anunció hace una semana que había encontrado el documento notarial de compraventa de las esculturas en los archivos de la Universidade de Santiago. En el título, de 1948, se condiciona la venta a que las figuras no "salgan del patrimonio municipal ni por enajenación, donación, concesión de depósito o cualquier otra figura" y en eso se basa el Concello para reclamar su titularidad.

Por su parte, la Fundación Franco anunció ayer que volverá a abrir el Pazo de Meirás a visitas, como está obligado por ser BIC. La organización, que gestiona el inmueble en nombre de la familia, suspendió las visitas el 8 de septiembre por "motivos de seguridad", motivo por el que la Xunta abrió un expediente informativo. La familia Franco ya ha sido multada con 4.500 euros por desactivar el teléfono a través del que se reservan las visitas.