Galicia recibirá entre 2014 y 2020 más de 4.000 millones de euros de fondos europeos y una de las prioridades de la UE para este periodo es reducir al mínimo la posibilidad de fraude en el uso de estas partidas. España es el país que más tendrá que reforzar estos controles. Aunque no existen datos desglosados por comunidades autónomas, la Oficina Antifraude Europea (OLAF) advierte en su último informe que el Estado español encabeza el número de casos de fraude detectados en la UE entre 2013 y 2016, con casi 10.000, una cifra que dobla al segundo país en la lista: Rumanía, con 4.800 irregularidades. Esta situación ha obligado a la Xunta a reforzar sus mecanismos de vigilancia para garantizar que las inversiones y subvenciones que se conceden en Galicia entre empresas, particulares y otros organismos públicos al amparo de estos fondos llegan a su destino y no se malversan por el camino.
La Consellería de Facenda incrementará la dotación de personal dedicada al control del uso de fondos europeos. Para ello, recurrirá al llamamiento de trabajadores interinos, tal y como explica en el documento de evaluación de los dos primeros años del programa FEDER. Pero además se ha creado una subdirección de seguimiento y control, con el fin de reforzar las unidades destinadas a verificar el gasto, es decir, a comprobar que efectivamente el dinero que se ha concedido se ha usado para lo que estaba previsto.
Aunque el periodo de programación de los fondos europeos arrancó en 2014, el retraso en la aprobación de los planes operativos, que son los que marcan las prioridades para gastar ese dinero, tardaron en aprobarse, de manera que la mayor intensidad en la ejecución de esas partidas se producirá en los próximos años. Y es por eso que la Xunta decide ahora reforzar las áreas destinadas al control de estos fondos.
Según el primer balance realizado por la Consellería de Facenda, en los dos primeros años del nuevo periodo 2014-2020, se han seleccionado ya proyectos por una cuantía de 520,3 millones de euros (403 millones de FEDER y 117,1 millones del Fondo Social Europeo). Sin embargo, solo se han ejecutado hasta la fecha 65 millones de euros.
Los beneficiarios de estos fondos pueden ser desde universidades, que perciben, por ejemplo, partidas para fomentar el I+D, corporaciones locales, receptoras de dinero para infraestructuras o protección del medioambiente, empresas e incluso particulares que perciben ayudas sociales.
La Oficina Antifraude Europea ha advertido a España en su último informe que no está haciendo lo suficiente para atajar los casos de fraude en el uso de fondos europeos. Según sus cifras, en los tres últimos años se han detectado 9.766 irregularidades en la gestión y uso de estas partidas, con un impacto económico de casi el tres por ciento sobre el dinero gastado. Y, a pesar de ello, solo se han cerrado cinco investigaciones.
En Galicia han saltado recientemente dos casos de presunto fraude en el uso de fondos de la UE. Por un lado, el juzgado de instrucción número 1 de Vigo investiga la concesión de ayudas europeas al Centro Tecnolóxico de Telecomunicacións de Galicia (Gradiant).Y en Ourense, la Policía Nacional indaga, en el marco de unas diligencias abiertas por la Fiscalía de Ourense, el uso por partedel Centro Tecnolóxicoda Carne, una fundación dependiente de la Xunta, de subvenciones públicas correspondientes a convocatorias autonómicas, nacionales y europeas en concurrencia competitiva.
El objetivo de los controles que pondrá en marcha la Xunta ya no es solo detectar el fraude sino también anticiparse y evitar que llegue a producirse. La UEha diseñado un procedimiento para evaluar los riesgos de irregularidades en cada área y reforzar la vigilancia en esos casos.Además cuenta con un manual, del que se pueden valer las administraciones como el Gobierno gallego, que identifica las señales de que se puede estar produciendo alguna ilegalidad. Así, por ejemplo, pide estar alerta en caso de que exista una relación estrecha entre el empleado público encargado de las contrataciones y el proveedor o adjudicatario.
La UE aconseja vigilar si el patrimonio de un determinado funcionario aumenta "inexplicada o repentinamente" o si se producen "cambios indocumentados o frecuentes en los contratos que aumentan el valor de los mismos". También alerta sobre posibles pactos entre adjudicatarias o sobre si se filtran datos de las convocatorias para favorecer a alguna empresa.