La administración local acumula cinco años consecutivos de superávit, mostrándose como la más saneada y con quejas constantes de soportar el peso de la necesidad de reducir el déficit público de Estado y comunidades. La mejora económica y los planes de saneamiento, que ayudan a incrementar los ingresos vía fiscal y a recortar los gastos, han permitido reducir a más de la mitad el número de concellos que presentan desequilibrio en su balance. De los 46 incluidos por el Ministerio de Hacienda en la lista negra por las cuentas de 2015 se ha pasado a 17 nuevos concellos, más cuatro que se mantienen bajo control financiero. Entre todos, suman un desfase total de dos millones de euros y deberán aplicar un plan de ajuste.
La inclusión en la relación de quienes incumplen el "objetivo estabilidad presupuestaria" obligará a los consistorios a elaborar un plan de ajuste económico y someterse a la tutela financiera de la Xunta, que fiscalizará que se rigen por sus parámetros. El ministerio dirigido por Cristóbal Montoro publicó por primera vez en el año 2014 los nombres de estos ayuntamientos, pues hasta entonces no revelaba quiénes no cuadraban sus números.
En esa relación de 21 municipios tan solo se incluyen dos pertenecientes a la provincia de Pontevedra. Se trata de Baiona y Agolada, cuyo saldo financiero es negativo en 36.058 y 301.628 euros, respectivamente, según las cifras de Hacienda. En Ourense, son señalados Barbadás, Castrelo de Miño, Calvos de Randín, Lobeira, Manzaneda y Montederramo. En Lugo, Foz, Pol, Ribeira de Piquín y Sober. Y en A Coruña, Arzúa, Cerceda, Curtis, Dumbría, Miño, Muxía, O Pino, As Pontes de García Rodríguez y Teo. De todos ellos, solo cuatro siguen bajo la lupa de Hacienda por el desfase de su contabilidad respecto a 2015. Se trata de Pol, Calvos de Randín, Cerceda y Dumbría.
Fuera del listado
Por tanto, las medidas aplicadas durante el año pasado sirvieron para desprenderse de ese control a 42 municipios, entre los que sitúan los pontevedreses de Cambados, A Cañiza, Cotobade, Lalín, As Neves, Oia, O Rosal y Tomiño.
El motivo para ser requerido por Hacienda y forzado a aplicar un plan de ajuste se debe al incumplimiento de los límites económicos marcados para cada ejercicio. En el caso de la administración local, el déficit para 2016 estaba fijado en el 0% mientras que la deuda del conjunto estatal no debía suponer más del 3% del PIB. Cada caso presenta sus propias características, con deudas millonarias vinculadas al ladrillo, caso de Miño, o problemas puntuales de un gasto extraordinario. Como norma general, los recursos corrientes y de capital no financieros de un ente local deben ser suficientes para asumir sus gastos corrientes.
Esos criterios son los aplicados por el Gobierno central para exigir planes de ajuste y no el análisis de ingresos y gastos puro y duro, que el año pasado fue negativo en 40 municipios gallegos, según las liquidaciones provisionales de sus cuentas. Eso sí, nueve concellos se encuentran en esta relación y en la de Hacienda, entre ellos, Baiona y Agolada.
El desequilibrio detectado por Hacienda se produce en al menos 21 concellos, pues otros 34 no le enviaron información contable. En esa lista se encuentran siete consistorios pontevedreses: Caldas de Reis, Cambados, Cerdedo-Cotobade, Nigrán, Dozón, Ribadumia y A Illa de Arousa.
Santiago, sin datos
Destaca la ausencia de datos sobre Santiago, única urbe de la que carece de información el ministerio, que en octubre actualizará su revisión económica. El resto de ciudades presenta un balance positivo, que asciende a 26,1 millones de euros en el caso de Vigo; 5,8, en el de Pontevedra; 29,5, en el de Ourense; 31,2, en el de A Coruña; 8,8, en el de Ferrol; y 2,2, en el de Lugo. La situación urbana, sin embargo, también está condicionada por la deuda municipal de cada consistorio, capítulo en el que Vigo presenta apenas 2,2 millones frente, por ejemplo, a los 73 de A Coruña, que rebajó el año pasado esa carga un 12,5%, según el último balance de Hacienda.
