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Polémica sobre el coste del recibo eléctrico

Industria encarecerá la luz en Galicia al repercutir cuatro impuestos autonómicos

Ante los obstáculos de las comunidades a los suplementos territoriales, el ministerio emite una orden para recabar la información necesaria para aplicar la refacturación

Parque eólico en los montes gallegos. // FdV

Parque eólico en los montes gallegos. // FdV

Al Ministerio de Industria no le ha quedado otro remedio que ponerse la pilas con el espinoso asunto de la subida de la luz en las comunidades con impuestos propios al sector eléctrico. El plazo dado por el Tribunal Supremo para hacerlo expiró hace ya varias semanas, como ya publicó FARO, pero la mayoría de autonomías afectadas, Galicia entre ellas, se resisten a aportar la información necesaria para calcular la cuantía exacta que hay que trasladar al recibo de cada consumidor. Así que el departamento que dirige Álvaro Nadal tiene entre manos una orden que forzará a los ejecutivos regionales a dar los datos y además permitirá que sean las propias empresas que pagan los tributos las que detallen las cantidades. El impacto en Galicia será superior a lo previsto. No solo habrá que repercutir el canon eólico, con una recaudación de 23 millones de euros. Industria exige que los llamados suplementos territoriales incorporen también lo abonado por el sector en el canon de los embalses, el de saneamiento y el impuesto de contaminación atmosférica.

El importe exacto es, por lo tanto, una incógnita en este momento. ¿Por qué? Porque la refacturación de la luz a los gallegos solo tiene en cuenta la parte de esos cuatro gravámenes que recae, según figura en el borrador de la orden, en "los sujetos que hubieran desarrollado actividades de transporte de energía eléctrica, distribución de energía eléctrica, producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos".

La descripción encaja al 100% con el canon eólico, sufragado en su totalidad por empresas con parques de aerogeneradores para la producción de electricidad a partir del viento. Es decir, que el suplemento territorial en el recibo de la luz en la comunidad incluirá la totalidad de los 23 millones de esta tasa.

Del canon por los daños causados por agua embalsada, que supera los 11 millones de recaudación, la proporción será igualmente notable. La de todas las hidroeléctricas con derecho a primas renovables. Ya es más complicado saberlo en el caso del gravamen por contaminación atmosférica (alrededor de tres millones de euros); y, sobre todo, del canon de saneamiento, que suma unos 33 millones de euros entre empresas y particulares.

Periodo de alegaciones

La norma, en fase de alegaciones en este momento, no ahorra reproches a las comunidades por su actitud frente a los constantes requerimientos de información fallidos. La Xunta nunca ocultó que el ministerio le pidió sus números en varias ocasiones. Desde la Consellería de Economía e Industria se aferró a la defensa de que sus impuestos tenían "carácter medioambiental" para dar por hecho que Galicia quedaba al margen del encarecimiento. Pero el ámbito de aplicación recogido en la orden deja claro que da igual el objetivo de los tributos o su función. Si lo desembolsa el sector eléctrico, hay que recuperarlo.

"Las comunidades están participando de manera desigual en este proceso de recogida de información: unas han mostrado su disconformidad con el establecimiento de los suplementos territoriales, algunas han contestado al requerimiento efectuado aportando la información solicitada y otras no han cumplimentado la petición de información efectuada", dice el informe que acompaña el proyecto de orden.

No más demoras

Ante la respuesta de las regiones, "tomando en consideración la urgencia señalada por el propio Tribunal [Supremo], y de acuerdo con la normativa sectorial", el Ministerio de Industria considera "razonable" establecer "un sistema de recogida de información automatizado" a partir de los datos que puedan ofrecer las empresas. El equipo liderado por Nadal sostiene que "no es posible demorar por más tiempo" la aprobación de los suplementos territoriales. Y lanza una advertencia a las comunidades. Saben, porque así se lo trasladó el ministerio en un informe, que golpe "económico" podría ser mayor con "la consideración de la cuantía total recaudada" por los impuestos en caso de no disponer "de la información desagregada", la correspondiente solo a las empresas de electricidad renovable.

En el sector creen que todo podría estar listo para que la subida entre en vigor en septiembre. La cuantía se estimará en función del consumo de cada cliente y quedará fraccionada en doce pagos.

Después de que FARO desvelase que el Gobierno trabajaba ya en aplicar los suplementos territoriales en Galicia, la Xunta dejó de afirmar que no le iban a afectar, aunque adelantó su intención de recurrir cualquier refacturación en los tribunales.

Pese a que el pasado enero salió una primera orden con los recargos correspondientes a las regiones de Cataluña, La Rioja, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana, el Ministerio de Industria ha optado por derogarla para evitar perjuicios y malgastar dinero en la gestión de los cobros, a la espera de tener una misma orden para todas. Todas las autonomías, a excepción de País Vasco y Navarra, tienen, según figura en la orden, algún impuesto que obliga a hacer una refacturación a sus consumidores.

Una amenaza latente desde 2007

  • El culebrón de los suplementos territoriales es tan viejo como las directrices europeas del mercado único de la electricidad. En julio de 2007, España modificó la normativa del sector para adaptarse a lo que exigía Bruselas. Que, en definitiva, lo que persigue es que las posibles consecuencias de que un territorio grave una actividad con reglas que no son iguales para el conjunto de un país no acaben pagándolas los consumidores de otros territorios. En ese momento quedó abierta la posibilidad de aplicar un recargo en las autonomías con impuestos propios a las empresas eléctricas.La posibilidad se convirtió en obligación cinco años después. El real decreto para garantizar la estabilidad presupuestarias en el momento más duro del país por el lastre del déficit instauró los suplementos territoriales. Sí o sí. Pero, curiosamente, el Gobierno no los tuvo en cuenta cuando tocó revisar el tramo del precio de la luz que le toca fijar. En los peajes de 2013.Las empresas recurrieron la orden de peajes y el Supremo les dio la razón. Tanto tardó en ponerse manos a la obra el Ministerio de Industria que a finales del pasado año el Gobierno reconoció que incluso el ministro había recibido un apercibimiento personal por parte del alto tribunal, que, otra vez, el pasado mes de mayo, emitió un auto para urgir el cumplimiento de la sentencia.En la siguiente reforma de la ley eléctrica, el Gobierno volvió a dejarlos como optativos.

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