Al igual que la economía gallega, también la caja de la Xunta se mueve ya en niveles precrisis. En su caso, la explicación está tanto en la recuperación de la actividad como en las importantes subidas fiscales que la administración autonómica y el Gobierno central -le cede parte de sus ingresos por impuestos- aplicaron durante los años de la crisis para, precisamente, solventar la asfixia financiera del sector público y garantizar los servicios esenciales. Entre tributos y tasas, el Ejecutivo gallego alcanzó el pasado año 5.642,4 millones de euros, según los datos suministrados por la Intervención Xeral de la comunidad al Instituto Galego de Estatística (IGE). Nunca, ni en los tiempos de bonanza, los fondos de la Xunta llegaron a esa cantidad, que va al alza desde 2013 y que a estas alturas duplica los ingresos disponibles para la administración autonómica en 2002. Entonces eran 2.681 millones de euros.
El incremento de los recursos es lo que ha permitido, entre otras cosas, que Galicia pueda echar el freno del endeudamiento y que los créditos no se hayan disparado como ocurre en la mayoría del resto de autonomías. El pasivo que arrastra la Xunta cerró el pasado año en 10.854 millones de euros, el 18,7% del Producto Interior Bruto (PIB) regional. En el conjunto de las regiones roza el 25%.
A menos deuda, menor déficit también. Galicia fue de nuevo en 2016 uno de los territorios que se quedó por debajo del objetivo del 0,7% marcado por el Ministerio de Hacienda. El gasto de la Xunta superó en 315 millones de euros a los ingresos, un desajuste del 0,54%.
El cumplimiento del techo de estabilidad tiene mucho que ver con la contención del gasto. Fueron 9.488 millones de euros el pasado año en la Xunta, como recogen los informes del Gobierno central, después de una reducción respecto a 2015 del 2,6% (257 millones de euros). Los ingresos totales -más allá de los tributarios- mermaron, pero menos, un 2,1%, desde 9.367 millones de euros a 9.173.
Pero la recaudación que procede solo de la presión fiscal rompe la tendencia del resto de ingresos, hasta el punto de que por primera vez en Galicia los ingresos por los tributos se pusieron por encima de los 2.000 euros por habitante. En concreto, 2.074 euros, respecto a las cifras oficiales de población residente en la comunidad a 1 de enero.
Los mayores ascensos están en los dos grandes tributos nacionales en los que Galicia participa al 50%. Por un lado, el tramo autonómico del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que aportó 2.014,1 millones de euros después de una subida del 10,6%, según los datos recopilados por el IGE. La recaudación del IVA, en la que Galicia venía mostrando los mayores incrementos del país, repunta un 7,4%, con 1.951,9 millones de euros.
La otra cara de la moneda son los dos grandes tributos cedidos. Las rebajas en Sucesiones y Donaciones para dejar exentos los primeros 400.000 euros pasan factura a la recaudación: cae un 17,5% respecto a 2015, hasta los 136,2 millones de euros. La Xunta tenía muchas esperanzas puestas en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD) a pesar de que también en ellos puso en marcha la política de "impuestos cero" en el rural. La compensación vendría de la reactivación del mercado inmobilario. Mientras que las viviendas nuevas pagan IVA, las transacciones de pisos y casas usadas abonan el ITP. El ánimo del sector del ladrillo es todavía tan bajo que la recaudación bajó casi un 14%, con 224,1 millones de euros.
El mantenimiento del Impuesto del Patrimonio, al menos de momento, es una fuente de financiación suculenta para las arcas autonómicas gallegas. Aquí residen varios de los grandes millonarios del país. Las bases del gravamen, además, siguen creciendo fruto de las regularizaciones de bienes en el exterior que afloraron con la amnistía fiscal del Ministerio de Hacienda. Los ingresos ascendieron en 2016 a 71,5 millones de euros, un 6,6% más que el ejercicio precedente.
También siguieron en ascenso, en línea con la subida del ahorro de los gallegos, los ingresos del impuesto a los depósitos bancarios: un alza del 0,6%, hasta 26,1 millones de euros.
