Siete personas se enfrentan a entre dos y tres años de prisión, además de a multas económicas que suman casi 135.000 euros, por organizar una red de sobornos a cambio de adjudicaciones de restauraciones artísticas. Como receptores de esas mordidas y presuntos cerebros de una investigación bautizada como Retablo, la Fiscalía señala al extrabajador de la Xunta Carlos Gómez-Gil Aizpurúa y al que fuera arquitecto a sueldo de la sociedad Xacobeo José Manuel Pichel, pero también reclama penas de cárcel para otros cinco empresarios del sector por ceder a sus demandas para así beneficiarse de contratos públicos. Todos se enfrentan a una condena por delito de cohecho tras amañar 22 contratos, cuyo presupuesto superaba los 1,1 millones de euros, entre 2005 y 2008, según el fiscal.
El conocido como caso Retablo se abrió en 2009 a raíz de las denuncias de competidores de las firmas beneficiadas por la trama, que llegaron al despacho de la entonces responsable de la Consellería de Cultura, la nacionalista Ánxela Bugallo. El detonante más famoso, sin embargo, fue la venta de la una casa rectoral en Paraños (Covelo a Gómez-Gil por 60.000 euros, puesta luego en el mercado por 680.000, reformada gratis por los empresarios que se sentarán en el banquillo. Esa decisión enervó a parte de los vecinos de la parroquia, que había contribuido al cuidado del inmueble años atrás. Además, el pago de los 60.000 euros pactado a diez años, añade el fiscal, no comenzó "hasta iniciado el procedimiento penal".
El escrito final de la acusación pública previa al juicio, que se abrirá en Santiago el martes, considera que el trabajador de la dirección xeral de Patrimonio entre 2004 y 2009 y Pichel idearon un plan cuya "finalidad común [...] era la obtención de beneficios económicos que les serían facilitados por las empresas adjudicatarias de las labores de restauración". Para la Fiscalía, Gómez Gil ingresó mediante transferencia 103.350 euros en supuestas mordidas, más la citada restauración gratis y un velero. A cambio, "asesoraba a las empresas, realizando, procurando o promoviendo irregularidades procedimentales", sorteando "controles administrativos", para asegurarse de que recibiesen contratos para reparar bienes de la Iglesia. Les filtraba las condiciones de los contratos para garantizar que las firmas que le pagaban se hiciesen con ellos y luego las "reconducía" a otras firmas "de su preferencia" para cualquier trabajo en la obra.
El soborno más elevado que consta en el escrito del fiscal Antonio Roma asciende a 15.250 euros, realizado por transferencia bancaria el 3 de abril de 2006. "No se ha podido concretar qué empresa abonó cada una de las cantidades", añade.
En un escrito firmado ayer, el fiscal pide para el extrabajador de la Xunta tres años de cárcel, el decomiso de los 103.350 euros de presuntos sobornos y de la casa rectoral de Covelo y una multa de 5.475 euros. Para Pichel, reclama dos años de prisión, multa de 3.650 euros y la incautación de otros 7.000.
Pero no son los únicos que se enfrentan a una condena por este caso. El fiscal acusa a cincos dueños de cuatro sociedades de un delito de cohecho y pide para ellos dos años de prisión y multa de 3.650 euros para cada uno. Se trata de los empresarios I.M.A.V y O.Q.L, de la firma CBC Márquez Vieira; D.D.M, de Alquimia; M.M.C, de Da Vinci; y C.A.R, de Ábside. Todas se dedican a la restauración de obras de arte y pagaron mordidas siempre superiores a los 1.000 euros, según el fiscal.
"De acuerdo con el plan marcado con Gómez-Gil", lograron, respectivamente, 11 contratos por 754.211 euros; 6 obras por 258.601; tres por 93.523; y 2 por 35.000.
Un velero y "una vaca de más de 1.000 euros", entre las mordidas a los dos cabecillas de la red
- Los sobornos recibidos por los dos presuntos cabecillas de la red del caso Retablo inflaron su patrimonio, engorde que, al menos en el caso del principal acusado, Carlos Gómez-Gil, tampoco fue disimulado. El "dinero en efectivo" o trabajos como reformas gratuitas en sus inmuebles -rehabilitar la casa rectoral de Paraños o pintar su piso de Vigo-, que recibió de las cinco empresas encausadas, dieron lugar "un nivel de vida muy superior al que procedería de los ingresos en su calidad de funcionario cualificado", según el fiscal.En su haber figuran, al menos, cuatro coches y una motocicleta Piaggio. Sin embargo, destaca en esa lista un velero bajo el nombre de Piollo, presuntamente regalado en calidad de mordida por M.M., de la empresa Da Vinci.Su socio en la presunta estructura de amaño de contratos, José Manuel Pichel, no se quedó atrás. El fiscal sostiene que "incrementó notablemente su patrimonio", en el que figuran "14 turismos y motocicletas, además de numerosos inmuebles". En efectivo cobró en una ocasión 7.000 euros y "una vaca de valor incierto superior a 1.000 euros".Durante la investigación, la Audiencia de A Coruña exoneró al exobispo emérito de la diócesis de Tui-Vigo, José Diéguez, y a dos curas de Paraños, José Sobrino y Benito Estévez, postura igual a la del juez instructor del caso, Andrés Lago Louro. No percibían pruebas de trato de favor de ninguno hacia Gómez-Gil en la venta de la casa de Paraños.
