Tanto las víctimas como el BNG y En Marea ven en el giro judicial que supone citar como investigado al exjefe de seguridad de Adif Andrés Cortabitarte por el siniestro del Alvia otra oportunidad para poner sobre la mesa la reivindicación de una comisión de investigación parlamentaria. Pero el PP y el PSOE no opinan igual: No ven la Cámara gallega lugar para indagar sobre el siniestro. A la negativa del PP se suma, otra vez, la de los socialistas. Pese a que podrían forzar la creación del órgano tras la reforma del reglamento, su portavoz en O Hórreo ya advirtió que no ve "oportuno" gastar la única bala de plata al inicio de la legislatura" en una materia de competencia "exclusiva" del Estado.
En esa misma línea -el Parlamento gallego "no tiene competencias" para analizar el siniestro- se reafirmó ayer Xaquín Fernández Leiceaga para rechazar la petición de BNG y En Marea. Pedro Puy, portavoz de los populares, coincide con él en que O Hórreo no es el foro adecuado.
Para el portavoz de En Marea en la Cámara, Luís Villares, son "excusas". Pero cree que "la manta del PP-PSOE no logrará tapar la verdad de la responsabilidad política en el accidente de Angrois". Esa "manta" con que les acusó de intentar "tapar sus vergüenzas" en lo relativo al siniestro "no será suficiente", dice, dado que, como subrayó la portavoz del BNG, Ana Pontón, hubo "negligencia e incompetencia de altos cargos de Adif nombrados directamente" por los sucesivos ministros de Fomento.
Tampoco aceptó el PPdeG en la junta de portavoces que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, acuda a O Hórreo para dar su visión sobre la investigación judicial, como solicitaron BNG y En Marea. Villares criticó que "el PP tiene alergia a la transparencia" y que pretende ocultar que "los recortes en materia de seguridad tienen consecuencias dramáticas". A ese "muro de contención" del PP aludió también Pontón, quien criticó que "ni Blanco, ni Pastor, ni Feijóo realizaron ni mandaron analizar los riesgos del Alvia" y defendió que "PP y PSOE deben pedir perdón a las víctimas y familiares por el sufrimiento extra de estos tres años". Villares apostilló que no puede ocurrir "lo mismo" que con las víctimas del Yak-42.
Sobre las novedades judiciales, Leiceaga las ve "positivas" y abogó por que se depuren las responsabilidades judiciales "hasta el final", mientras que Puy afirmó que su formación se "congratula" de que "se avance en el ámbito judicial".
Por otra parte, la dirección del Grupo Socialista en el Congreso ha vuelto a reprender al diputado por Guipúzcoa Odón Elorza por proponer nuevas iniciativas sobre el siniestro. El portavoz socialista de Fomento, César Ramos, le acusó de "falta de compañerismo" y le reprochó que insista en el empeño presentando la cuestión como un pulso entre diputados "villanos" y "héroes".
Manuel Prieto, letrado del maquinista, cree que la decisión de investigar al que era jefe de Seguridad de Adif es una buena noticia pero que debe haber "más personas" investigadas. Señaló a la Radio Galega que se "empieza a hacer justicia para todo el mundo implicado" y confió en que a partir de la próxima semana, en la que está citado Cortabitarte, "se empiecen a aclarar más cuestiones". "Me extraña que en una organización como el Adif una persona sola decida dejar así una línea ferroviaria, pero, en fin, deberá decirlo el juez y esperemos que empiece a hacerlo ya enseguida", dado que cree que debería haber "más personas acusadas en el caso", afirma.
Mientras en Galicia BNG y En Marea se hacían eco de la demanda de las víctimas, que creen que la decisión del juez muestra la necesidad "ahora más que nunca" de una comisión parlamentaria y otra técnica para aclarar las causas, la senadora de En Marea Vanessa Angustia pedía que comparezca ante el Senado el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, para una evaluación integral de riesgo de las líneas de alta velocidad de Galicia y dar explicaciones por la citación del cargo de Adif. Fuentes de Adif aseguran que estudian el auto que cita como investigado a su exjefe de seguridad a la par que reiteran su "respeto" por las decisiones judiciales y "su plena disposición a colaborar con la Justicia".
