02 de febrero de 2017
02.02.2017

El ministro de Justicia pide a Montoro no aplicar el IVA a los abogados de oficio

Catalá considera que se trata de "un servicio social", a pesar de que la Unión Europa estima que no deben estar exentos de esa carga fiscal

02.02.2017 | 02:33

Los más de 44.000 abogados del turno de oficio en España, unos 3.300 en Galicia, se han puesto en pie de guerra tras la decisión del Ministerio de Hacienda de obligarles a tributar por el IVA al 21%. Hasta ahora, los servicios que prestaba el colectivo estaban exentos, ya que se entendía como una asistencia obligatoria y gratuita. De hecho, el cambio fiscal acordado por la Dirección General de Tributos ha abierto un frente con el Ministerio de Justicia, cuyo titular, Rafael Catalá, dio ayer un paso al frente para urgir a Hacienda que reconsidere la decisión.

La postura de la Dirección General de Tributos sobre el turno de oficio cambió a raíz de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que el año pasado -en respuesta a una consulta planteada por Bélgica- dictaminó que la asistencia jurídica gratuita no entra dentro de los supuestos que la directiva comunitaria del IVA permite declarar exentos del tributo.

"Desde que existe el IVA se ha considerado que [la justicia gratuita] era un servicio social, una especie de servicio público exento de IVA y nosotros vamos a seguir trabajando para que Hacienda así lo considere", defendió ayer el ministro de Justicia, quien confía en que "no se extiendan esos efectos" de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE para que de esta forma se pueda seguir "considerando que el turno de oficio tiene una naturaleza de servicio público y por ello exento de IVA". "La asistencia jurídica gratuita es garantía de acceso a la justicia para aquellas personas que tienen menos recursos económicos y así ha sido durante treinta años en España", sentenció Catalá.

De aplicarse la modificación defendida por Hacienda, los abogados advierten de que se podría llegar "al absurdo" de que el IVA debería ser abonado por las administraciones públicas (comunidades y Estado). De repercutir en los fondos destinados al sostenimiento de la justicia gratuita (unos 11 millones anuales en Galicia) "menguarían" estos recursos y se "perjudicaría" al sector social económicamente menos favorecido y a los profesionales que los defienden "en una clara función social, altruista y vocacional", según alega el Consejo de la Abogacía Española.

Ya el año pasado, los letrados gallegos del turno de oficio se quejaban de sus bajos horarios, congelados desde 2009 y con una media de dos euros la hora de trabajo, y urgieron una revisión. En las grandes ciudades, según apuntan desde el Consello da Avogacía Galega, "un abogado de oficio no saca más de 2.000 o 3.000 euros al año.

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