A aquel mantra tan exprimido por la Xunta de que la fusión de las cajas gallegas alumbraría la quinta entidad del país no le sienta nada bien ni el paso del tiempo ni la crudísima realidad, que han convertido ese y el resto de los argumentos que se usaron para forzar el matrimonio en el sinfín de despropósitos que escriben la historia del debilitado sistema financiero gallego. La operación a la que se negaba Caixanova y que el Banco de España decidió apoyar por el empeño rotundo y público del presidente Alberto Núñez Feijóo a boicotear cualquier otra alternativa acumula casi 12.280 millones de euros en recursos públicos, de los que 9.159,2 millones se dan ya por perdidos, según el informe del Tribunal de Cuentas sobre el rescate bancario entre 2009 y 2015, a la espera de cómo evolucionen las garantías que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) concedió en la venta a Banesco y que incluyen, entre otras cosas, el coste de las cláusulas suelo que el Tribunal de la Unión Europea obliga a devolver. Es la disparada factura, al alza todavía, de un proyecto discutidísimo, que dejó a Galicia durante la doble recesión como la comunidad con mayor caída del crédito a empresas y familias y que tenía fecha de caducidad prácticamente desde el día que nació.
Concretamente, ocho días después de que Novacaixagalicia echase a andar. El 9 de diciembre de 2010 el director general de Supervisión del Banco de España en aquel momento, Jerónimo Martínez Tello, firmó la confirmación de que la unión venía cargada de dinamita. El organismo remitió a la cúpula de la caja fusionada, encabezada por orden expresa del propio Banco de España por los directivos de Caixanova, el análisis con la situación real de Caixa Galicia después de las últimas inspecciones.
"El Plan de Integración contempla para los activos aportados por Caja de Ahorros de Galicia a la nueva entidad, en el escenario base [el que entonces se consideraba más probable para la economía española], una estimación total de pérdidas esperadas de 2.090 millones de euros (1.463 millones netas de efecto fiscal), a sanear contra reservas en el momento inicial", apunta el acta desvelada por FARO, uno de los documentos paradójicamente ausentes en la comisión de investigación de las cajas en el Parlamento de Galicia.
Es decir, la entidad coruñesa concentró al menos el 77% de toda la limpieza interna por el elevado lastre de su morosidad que, según el Banco de España, era casi el doble de lo que los responsables de Caixa Galicia decían (9,3%) y que ya a mediados de 2009 llevó a los inspectores a considerar su riesgo supervisor "muy alto, siendo cuestionada su viabilidad como entidad independiente". "Tenía una necesidad perentoria de fusionarse", llegó a declarar por escrito el anterior gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, en la comisión del Parlamento. En Caixanova, en cambio, todas las provisiones genéricas daban de sobra para cubrir el saneamiento que el Banco de España le solicitó en su última inspección.
Pero había más. Ese informe de Supervisión que Novacaixagalicia recibió tras comenzar a operar como una entidad única incluía, para sorpresa de la cúpula de Caixanova, una larga lista de requerimientos "para la subsanación de las debilidades identificadas en la antigua Caja de Ahorros de Galicia", a cumplir "de forma rigurosa", por un importe total de 805 millones de euros.
Pese a la evidente quiebra de Caixa Galicia, la fusión se articuló por la vía de los apoyos del FROB para entidades viables. Fueron 1.162 millones de euros en el primer manguerazo de recursos públicos. Con todo lo que quedaba pendiente de las pérdidas de la entidad dirigida por José Luis Méndez y el desembolso de las prejubilaciones para 1.200 mayores de 55 años, la ayuda se quedó muy corta. De ahí que los recursos propios de Novacaixa menguaran hasta la extenuación y que la decisión después del Ejecutivo central de endurecer la ratio mínima de capital abocara a la caja gallega a la segunda tanda de ayudas, con 2.465 millones de euros, y su nacionalización en octubre de 2011.
La enorme polémica generada alrededor de la mal llamada due diligence que Marta Fernández Currás, exconselleira de Facenda, encargó por un millón de euros para presionar a favor de la boda de las cajas gallegas, empañó algunas de las claves que "el diagnóstico acelerado de viabilidad de la fusión" -lo que realmente fue, como el informe y su autora, KPMG, reconocieron- puso sobre la mesa. Probablemente la más importante era la propuesta de que la unión se ejecutara como una absorción de Caixanova a Caixa Galicia. ¿A pesar de que era más pequeña? Sí. Porque era la más limpia.
La caja coruñesa, con un tamaño 50% mayor, requería saneamientos 6,3 veces más cuantiosos. Las pérdidas esperadas en sus activos rozaban los 1.700 millones de euros. Si hubiera sido así, la normativa contable permitía cargar contra los recursos propios cerca de 1.000 millones de euros y evitar "cargas futuras en la cuenta de resultados", según KPMG. Si era Caixa Galicia la absorbente solo se necesitaban 156 millones por las menores cargas de Caixanova, pero a la larga el beneficio se desplomaría para afrontar las pérdidas de la mora de la entidad coruñesa. La hucha contra insolvencias en su caso únicamente era del 20% del crédito. En Caixanova alcanzaba el 48%.
El modelo de suma de negocios por el que se optó para vender el también mantra de que se trataba de una fusión paritaria a pesar de las grandes diferencias en las tripas del negocio de una y otra fue la enésima sombra que acechó a NCG desde el arranque junto con el lastre del ladrillo heredado, sobre todo de Caixa Galicia -condenada, al igual que Caja Madrid, por la "falta de veracidad" de sus tasaciones, con sobrevaloraciones de activos de hasta el 40% y subidas del 600% en días- y que ahogaron definitivamente a la entidad cuando la nueva vuelca de tuerca en la reforma financiera impulsada por el ministro Luis de Guindos elevó las dotaciones vinculadas, precisamente, a los activos inmobiliarios. Ahí llegó la tercera ayuda, de 5.425 millones de euros a través del rescate europeo en dicembre de 2012, y la confirmación definitiva de que era solo cuestión de tiempo para que la realidad hablara sobre la fusión.
