El Juzgado de Instrucción número dos de Cambados acaba de acordar la apertura de juicio oral a Rafael Louzán, su esposa y el exdiputado provincial del PP y edil en Pazos de Borbén Severino Reguera por un delito continuado de cohecho por el alquiler de unos bajos comerciales en Navia (Vigo). El actual presidente de la Federación Gallega de Fútbol y expresidente de la Diputación de Pontevedra y del PP provincial, y su mujer están acusados de cohecho impropio y el exdiputado popular de cohecho pasivo. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha señalado como órgano competente para el enjuiciamiento al tribunal de jurado de la Audiencia Provincial de Pontevedra.
El juez de Cambados acepta así la petición que en julio le formuló el fiscal de delitos económicos de la Fiscalía de Pontevedra. Augusto Santaló solicitó sentar en el banquillo a Louzán, su esposa y Severino Reguera.
La Fiscalía pide para Louzán un año de cárcel, un año de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y suspensión de empleo y cargo público por un tiempo de dos años y tres meses. Mientras, para Severino Reguera solicita un año de prisión y un año de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por un delito continuado de cohecho pasivo cometido en su etapa como diputado provincial. Para la mujer de Louzán, el fiscal pide nueve meses de prisión, nueve meses de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y 14 meses de suspensión de empleo y cargo público.
El caso tiene su origen en 2008 cuando Louzán y su esposa reservaron cinco bajos comerciales en la calle Teixugueiras de Vigo, comprando finalmente tres por 460.122 euros y cediendo la compra de los otros dos a Severino Reguera y su esposa. Para realizar la entrega inicial de dinero a la empresa que les vendió los bajos, Reguera prestó a Louzán casi 104.000 euros.
Tras la compra, la esposa de Louzán firmó un contrato privado con la empresa Brunopán, de la que es administrador Severino Reguera, para alquilarle sus tres locales por diez años, a un coste de 3.584 euros anuales más IVA. Según los datos de la investigación de la Fiscalía, excepto en 2008, en los demás años el precio percibido por el arrendamiento superó la amortización de las cuotas hipotecarias.
El fiscal sostenía en su escrito de acusación que los alquileres que Reguera abonaba al matrimonio Louzán por el arrendamiento de tres locales en Navia fueron un "regalo" del exdiputado "en consideración al cargo" de Louzán, entonces presidente de la Diputación y máximo responsable de los populares en Pontevedra.
Defendía con un informe de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria que los alquileres investigados excedían en al menos un 60% los precios de mercado que se pagan en la zona. El fiscal concluía que la empresa de Severino Reguera, que anexionó los locales de Louzán y su mujer a unos suyos para abrir una pastelería-cafetería, abonó "un precio superior al pagado en esa zona de 80.026 euros, lo que supone un premio injustificado a éstos".
Sin embargo, Rafael Louzán, que en enero dejaba la presidencia del PP de Pontevedra y en marzo renunciaba al acta de edil de Ribadumia, y quien en las elecciones de mayo de 2015 había perdido la Diputación, ha defendido siempre su inocencia y la de su esposa y ve en la acusación de la Fiscalía "una persecución política".
Louzán ya presentó ante el juez informes de tasación que avalan que el precio de los alquileres son los normales en Navia. "Hay diferencias de apenas dos euros" con los arrendamientos de locales próximos e incluso "contratos mucho más altos" que los suyos, defendía en octubre Louzán. "Alquilo a un precio razonable por su ubicación, por eso no se entiende este caso, si no se ve desde una perspectiva de juicio político. Si fuese un ciudadano normal, esta caso no existiría", exponía el exdirigente popular.
La causa contra Louzán arrancó a finales de 2013, cuando la Fiscalía de Delitos Económicos de Pontevedra recibió una denuncia anónima que aludía a un supuesto cohecho en el que se verían implicados Louzán y Reguera.
El caso recayó en el Juzgado de Cambados y los investigados fueron citados a declarar. Igual que Louzán, Reguera defiende públicamente su inocencia y en febrero solo se explicaba la investigación porque el expresidente de la Diputación es "una persona importante".
Louzán tiene otra causa judicial pendiente. Es investigado en la operación Patos por irregularidades en adjudicaciones de obras públicas y recepción de regalos.
