El Gobierno retiró la pensión no contributiva a más de 13.000 gallegos desde el año 2009 tras revisar sus ingresos y comprobar que superaban los límites establecidos para poder beneficiarse de esta paga. La mayoría son prestaciones por jubilación, un total de 7.641, pero también hay otras 5.300 en concepto de invalidez que fueron anuladas. Según los datos publicados por el Imserso, solo el pasado año se dejó de pagar esta prestación a 1.749 gallegos que rebasaron la renta permitida y además se modificó la cuantía de la pensión a otros 4.000, bien para bajarla o para subirla.
Las pensiones no contributivas son aquellas que la Seguridad Social ofrece a las personas que no han cotizado nunca o lo han hecho de forma insuficiente.En Galicia hay 26.000 jubilados que cobran esta paga y otros 15.300 gallegos reciben una prestación no contributiva por invalidez. Las cuantías, en todo caso, son muy bajas -la pensión media por jubilación es de 355 euros y la de minusvalía, 390- y, por esta razón, la Xunta las complementa cada año con una paga anual de 206 euros.
Para poder recibir esta prestación, sin embargo, es preciso acreditar que no se supera un determinado nivel de ingresos. En el caso de las pensiones de jubilación, los ingresos del beneficiario no deben superar los 5.150 euros anuales. Si convive con más personas en el hogar, el límite se amplía y puede llegar a un máximo de 39.000 euros por unidad familiar al año en el caso de que viva con sus hijos y sean más de tres las personas en la vivienda.
Haz clic para ampliar el gráfico
Aunque de entrada cumplan estos requisitos y accedan a una pensión no contributiva, el Gobierno controla periódicamente los ingresos de los beneficiarios y puede modificar las cuantías o retirar la paga si se superan los baremos de renta establecidos.
La Seguridad Social tiene dos vías para revisar estas pensiones. Por un lado, los pensionistas están obligados a presentar en el primer trimestre de cada año una declaración de ingresos personales y de los demás miembros de la unidad familiar, tanto referidos al año anterior y los previstos para ese ejercicio. Desde el Gobierno verifican la documentación cruzándola con sus bases de datos. Si el beneficiario incumple su obligación de presentar la declaración de ingresos se le suspende cautelarmente la paga.
El otro sistema de control es a través de revisiones de oficio y a instancias de parte. La Seguridad Social actúa cuando sospecha que han cambiado las circunstancias del pensionista, que por ley está obligado a comunicar en el plazo de un mes cualquier cambio en su renta.
Como resultado de estos dos mecanimos de control, la Seguridad Social puede retirar la prestación si comprueba que se supera el tope legal de ingresos. Así, en los últimos siete años tras realizar las revisiones ordinarias se retiró la prestación a 3.172 gallegos, que se sumaron a los casi 10.000 que se quedaron sin la paga tras las inspecciones de oficio realizadas por la Seguridad Social.
La práctica totalidad de los pensionistas afectados son de A Coruña (5.500) y Pontevedra (5.100). En Ourense se quedaron sin la paga no contributiva 1.700 y en Lugo algo más de 700.Suman así más de 13.000 desde 2009. Solo en el último año, se comprobó la declaración de ingresos de 42.000 gallegos y se realizaron 7.000 inspecciones de oficio. Fruto de estas revisiones e anularon 1.749 prestaciones por incumplir los requisitos económicos.
Superar los niveles de renta establecidos no es, sin embargo, la única razón para retirar la paga no contributiva. Los inspectores de la Seguridad Social anularon 986 pensiones no contributivas en 2015 tras constatar que el beneficiario había fallecido. En siete años años se retiraron casi 11.500 prestaciones de jubilación o invalidez. Y la práctica totalidad de estas muertes se detectan no mediante la declaración voluntaria que se debe presentar anualmente sino a raíz de las inspecciones de oficio de la Seguridad Social.
De todas las comprobaciones que practica la Seguridad Social, en el 82 por ciento de los casos se mantiene la pensión sin cambios. Solo el 8 por ciento de las inspecciones acaba en la supresión de la paga y en otro ocho por ciento de los casos se modifica su cuantía al registrarse cambios en el nivel de ingresos del beneficiario. En 2015 el Gobierno adaptó la paga no contributiva a su nueva situación económica a un total de 4.071 gallegos. También suspendió cautelarmente el cobro de este subsidio a 230 personas por no presentar la declaración de ingresos obligatoria o bien por no poder compatibilizar la pensión con un trabajo.
