Uno de cada cinco beneficiarios del plan de alquiler se quedó sin ayudas por no presentar toda la documentación que la Xunta les requería para abonar las subvenciones. La avalancha de solicitudes que se presentaron a este programa, complicó su tramitación que llegó a retrasarse hasta un año. En todo caso, la Consellería de Infraestruturas e Vivenda se comprometió a pagar los atrasos una vez aprobadas las ayudas. De los 15.000 solicitantes, se aprobó su concesión a 2.600 personas. Sin embargo, finalmente solo 2.041 las están cobrando. Además de algún caso de renuncia, el Gobierno gallego alega que el resto no presentaron el contrato de arrendamiento ni acreditaron el pago del alquiler mediante un justificante bancario.
Algunos beneficiarios mostraron su malestar al quedarse sin la ayuda y se quejaron de que desconocían que fuese necesario presentar un justificante bancario del pago del alquiler para poder cobrar la subvención. "Yo pago legalmente en mano a mi casero y la Xunta argumenta que eso no es válido", defiende una de las afectadas. Sin embargo, desde la Consellería de Infraestruturas e Vivenda esgrimen que la convocatoria de ayudas al alquiler especificaba la necesidad de entregar un recibo bancario.
Fue el pasado año cuando se estrenaron estas ayudas al alquiler que puso en marcha el Ministerio de Fomento y que gestiona cada comunidad autónoma. Estas nuevas subvenciones (que sustituyen a la antigua renta de emancipación y al plan Aluga de la Xunta) están dirigidas a hogares con unos ingresos mensuales inferiores a tres veces el IPREM (es decir, unos 1.598 euros mensuales). La cuantía de la subvención es del 40 por ciento de la renta anual, pero con un límite máximo de 2.400 euros anuales por vivienda, lo que supone un tope de 200 euros mensuales.
La Xunta disponía el pasado año de un presupuesto de 3,5 millones de euros para beneficiar a un total de 2.600 gallegos. Finalmente se gastó 2,6 millones de euros, aunque aclara que aún tiene pendiente de entregar algunas ayudas que se abonan mes a mes a estos 2.041 beneficiarios.
Quedaron fuera, sin embargo, casi 600 adjudicatarios que, pese a cumplir con los requisitos económicos, no entregaron la documentación que exigía Infraestruturas. "Las ayudas se conceden condicionadas a presentar posteriormente el contrato de alquiler y acreditar el pago del arrendamiento con un documento bancario, tal y como obliga la Ley de Subvenciones y la propia convocatoria de ayudas en aplicación de dicha norma", transmiten desde el departamento que dirige Ethel Vázquez.
El problema es que es bastante frecuente que el alquiler se pague en mano al casero y no a través del banco, de manera que no todos los inquilinos cuentan con un justificante bancario que acredite que ha abonado las mensualidades de su arrendamiento.
Desde la consellería insisten, sin embargo, que "a las personas que se vieron en esta situación por despiste" se les dieron facilidades para intentar solucionar el problema. "La Xunta quiere que la gente reciba la ayuda, pero es obligatorio cumplir la ley", añaden.
La primera convocatoria de estas ayudas fue compleja, hasta el punto de que algunos de los beneficiarios que consiguieron la subvención no empezaron a cobrarla hasta principios de este año cuando la convocatoria tenía que haberse resuelto ya en mayo de 2015.
Es, por eso, que las ayudas del pasado año se solapan ahora con la nueva convocatoria para este ejercicio y que ya está resuelta. Inicialmente han sido 2.700 los beneficiarios, que ahora deberán presentar sus contratos de alquiler y sus justificantes bancarios para poder cobrarlas. A mayores de estas ayudas al alquiler, la Xunta concede el llamado Bono Alugueiro para quienes no tengan recursos para pagar la vivienda y tiene otros 3.100 pisos de promoción en régimen de arrendamiento.