Una de las consecuencias de la crisis económicas que estalló a finales de 2008 con la caída del banco Lehman Brothers consistió en situar en el centro de la actualidad un concepto hasta entonces ignorado por los grandes medios y que hoy sigue siendo difuso: la pobreza energética. Esta remite a las dificultades para vivir de manera confortable o incluso a los problemas para pagar los recibos de la luz. El aumento de damnificados por esta situación provocó que la Xunta lanzase sus primeras ayudas para hacer frente a los recibos eléctricos en 2014. Desde entonces, ha concedido 3.800 ayudas de hasta 300 euros de máximo al año a familias en problemas, incluyendo un centenar de hogares que se ha beneficiado de la última medida aprobada por el Ejecutivo, consistente en hacerse cargo de dos recibos mensuales de hasta un máximo de 200 euros para evitar el corte del suministro.
El ticket eléctrico, que se solicita cada seis meses y que se recibe mediante un pago único, aglutina casi todas estas subvenciones a familias en riesgo de exclusión social, si bien la cifra de 3.700 beneficiarios se queda muy lejos de los 14.000 que preveía el Ejecutivo autonómico cuando anunció en mayo de 2014 su iniciativa contra la pobreza energética, después de que las organizaciones sociales alertasen sobre el aumento de esta nueva consecuencia de la crisis.
La primera convocatoria, sin embargo, quedó muy por debajo de las expectativas con tan solo 400 familias incluidas en el primer semestre de 2014. Los problemas burocráticos, con una tramitación telemática y prolija documentación necesaria, y los criterios de renta para acceder a ella dificultaron el acceso a ella, pues estaba restringida a familias con un tope de 532 euros mensuales con menores a cargo.
La Consellería de Economía decidió simplificar la tramitación y, sobre todo, elevó el umbral de renta hasta los 798,7 euros mensuales (1,5 veces el indicador público de renta de efectos múltiples). Además, incrementó las ayudas, pasando de 45 a 90 euros en caso de hogares con menos de tres hijos o discapacitados a su cargo y de 60 a 150 para familias numerosas. El máximo anual, por tanto, quedó situado en los 300 euros. El Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia tachó las cifras de "irrisorias".
Seis meses después, fueron 1.300 hogares los que se beneficiaron de la medida, la misma cantidad que todo el año pasado. En lo que va del presente ejercicio, ya son más de 700 los hogares que han logrado este ingreso extra.
Las cifras totales de beneficiarios no solo quedan lejos de los 14.000 hogares anuales que pretendía atender el Ejecutivo cada año, sino también de los 400.000 personas que, según la Asociación de Ciencias Ambientales, se encuentra en riesgo de sufrir pobreza energética, cifra hallada a partir de ocho variables de renta, como quiénes destinan el 5, el 10, el 15 o el 20% de los ingresos a facturas energéticas, entre otros. Además, la asociación cifra en 177.000 las familias con retrasos en el pago de recibos y en 383.000 las que carecen de una temperatura inadecuada en invierno, según datos del Instituto Nacional de Estadística.
La demanda de cheques sociales fuerza a la Xunta a inyectar otro millón de euros en la Risga
- El Ejecutivo autonómico presume de haber cuadrado sus cuentas para cumplir con el déficit y de que el paro se reduce, pero existen bolsas de pobreza en la comunidad que aumentan sin parar. En el primer trimestre del año, se ha visto obligado a inyectar 3,1 millones de euros en el presupuesto récord de la renta de inclusión social (Risga), que este año alcanzó los 53 millones de euros. El último millón ha sido destinado durante el mes de marzo.Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta, decidió en octubre remodelar su equipo tras el varapalo electoral de las municipales e iniciar un "giro social" para atender las demandas de los más golpeados por la crisis, sosteniendo que esta era historia y que comenzaba a asentarse el crecimiento.La Risga, quizás el principal termómetro autonómico para medir la pobreza. Se trata de una ayuda mensual que ronda los 400 euros mensuales de media para familias con ingresos por debajo de esa cifra. De los 6.948 gallegos que cobraron este cheque en 2010, se ha pasado a los 13.958 del año pasado, lo que ha forzado a la Xunta no solo a incrementar las partidas anuales, sino a ir inyectando cada ejercicio más fondos. No eran nunca suficientes. De los 22,8 millones de euros de 2009 ha pasado a presupuestar 53 para este ejercicio.Esa cifra se ha quedado corta y se ha aumentado. Primero, en 2,1 millones en febrero para atender a 449 personas y rebajar la lista de espera, que finalizó el año pasado en 990 personas y que Política Social se ha comprometido a dejar en cero. En marzo, inyectó otro millón porque la demanda "supera la previsión inicialmente presupuestada en las solicitudes pendientes de concesión", según la documentación de la Xunta. El objetivo es atender 214 nuevas ayudas.
