El refuerzo de los controles sobre las subvenciones y la crisis provocaron que la Xunta reclamase en 2014 a 1.127 empresas, autónomos y centros de empleo la devolución de 6,2 millones de euros concedidos en ayudas para el empleo por no respetar las condiciones para lograr estos fondos, como mantener las plantillas inalterables, realizar nuevas contrataciones o que estas durasen un tiempo mínimo. Esas cifras suponen un notable incremento respecto a los datos de 2013, pues constituyen un 39% más de firmas afectadas y un 67,5% más de fondos que deberán ser reintegrados a la administración. Entre 2009 y 2014, los expedientes de reintegro ascienden a 4.902 por casi 25 millones de euros.
Una de las principales herramientas utilizadas por el poder público para fomentar el empleo son las ayudas directas para la contratación, que consisten en subvencionar de determinada manera nuevos empleos mediante una serie de condiciones, como no reducir personal de otros departamentos de la misma empresa o garantizar un mínimo de tiempo los nuevos contratos. En caso de no respetar estos requisitos y ser detectados por la inspección, la empresa debe devolver el dinero recibido.
Las notificaciones a empresas en este sentido jalonan el Diario Oficial de Galicia (DOG), aunque el año 2014 -último del que la Xunta maneja datos cerrados- fue el que cifras más abultadas presentó, según la Consellería de Economía, que desde octubre ha asumido las competencias en materia de empleo. En ese ejercicio, se formalizaron 1.127 expedientes de contratación para la restitución de 6,2 millones de euros, por 812 expedientes y 3,7 millones un ejercicio antes. Los datos de 2014 son los más altos desde el inicio de la crisis.
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La administración matiza que no se trata de fraude, sino de incumplimiento de obligaciones y que los expedientes abiertos en 2014 corresponden a ejercicios pasados que pueden llegar a 2011 y 2012. Por este motivo, la Consellería de Economía evita vincular los datos con una única causalidad, recordando que en algún ejercicio pudo abrirse una línea de ayudas específica para fomentar el empleo que elevaría el riesgo de incumplimientos, al tiempo que las consecuencias de las crisis dificultaron el mantenimiento del empleo.
Sin embargo, desde 2009 el control sobre estas subvenciones se ha extremado, si bien en aquel año, y hasta octubre pasado, las competencias se encontraban en manos de la Consellería de Traballo e Benestar que durante ese período fue dirigida por Beatriz Mato, hoy conselleira de Medio Ambiente e Territorio. A más control, más posibilidades de detectar incumplimientos.
De hecho, las cifras muestran un continuo crecimiento con excepción del bajón de 2013, que ahora vuelve a repuntar con las cifras más altas desde 2009. De hecho, los 1.127 expedientes por 6,2 millones suponen un 208% y un 226% más, respectivamente, que los 366 incumplimientos y 1,9 millones de 2009.
Los datos de la Xunta reflejan una evolución que pasó de los 3,9 millones a 785 empresas de 2010, a 4,2 de 879 firmas de 2011, 4,7 de 933 sociedades y autónomos de 2012 y los citados 3,7 de 812 de 2013. En todos los casos, se computan devoluciones de ejercicios anteriores. "Los reintegros se computan en el ano en que se solicita, por lo que suelen ser ayudas de años anteriores", matizan desde el departamento que dirige Francisco Conde.
La distribución provincial de las órdenes de reintegro de las citadas ayudas refleja un peso abrumador de A Coruña todos los ejercicios desde 2009, ejercicio en que el PP recuperó la Xunta tras cuatro años de gobierno bipartito de PSdeG y Bloque. En 2014, 680 empresas, autónomos y centros de empleo de A Coruña recibieron la notificación para devolver 3,7 millones, es decir el 60% de fondos y afectados. Le siguen en la clasificación, Lugo con un millón de euros y 176 expedientes, Pontevedra, con 970.000 euros y 180 afectados; y Ourense, con 450.000 y 91, respectivamente.
Desde 2009, A Coruña agrupa el 49,5% de las cantidades, por delante del 17,7% de Pontevedra; el 17,3% de Lugo; y el 6,8% de Ourense. El resto es reclamado desde los servicios centrales de la Xunta.
