Desde su creación hace más de dos décadas, el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) tuvo en la concesión de avales una de las principales herramientas para cumplir su misión de "apoyar todas las actividades que contribuyan a mejorar el sistema productivo" de la comunidad, "facilitando los procesos de creación, consolidación y crecimiento empresarial". Tanto la usó que a finales de 2010 el riesgo vivo por este tipo de operaciones rozó los 300 millones de euros. El Consello de Contas alertó entonces de los posibles impagos derivados de la crisis y "la amenaza" que eso suponía a la larga para la estabilidad de las cuentas de la Xunta, responsable última de los créditos respaldados con dinero público. Y así fue. En San Caetano aprovecharon la relajación del techo de déficit de 2013 para, entre otras cosas, asumir avales fallidos. El informe de fiscalización de Contas de ese mismo ejercicio elevó a 78 millones las pérdidas por este tipo de apoyos desde 1994, buena parte en los años de la doble recesión. La factura podría engordar con otros 18 millones de euros, según los cálculos del propio Igape.
A esa cantidad -un total de 18,179 millones de euros, tras la suma de 1,7 millones en el último año- ascendía a finales de 2014 la provisión de la agencia pública para afrontar, "sobre la base de un estudio individualizado de los mismos", los avales que "pueden ser reclamados". Es el equivalente a las dotaciones que los bancos efectúan ante préstamos de dudoso cobro. Durante el último ejercicio auditado, el saldo de avales financieros pasó de 157,346 millones a 141,491 millones, como refleja la documentación incluida en la Conta Xeral del Gobierno gallego. Una reducción del 10% fruto de la diferencia entre los 720.000 euros de nuevas operaciones y los 16,6 millones de las canceladas. El colchón ante posibles impagos supone por lo tanto el 12,8% de todo el riesgo asumido por el Igape.
A esta partida hay que añadir los 4,2 millones de euros que el Igape mantiene en reavales con las dos sociedades de garantía recíproca Afigal y Sogarpo. La hucha para la morosidad en este caso es de 237.300 euros.
La provisión para riesgos protagoniza, precisamente, uno de los párrafos de énfasis -la fórmula para destacar un hecho relevante de las cuentas de una empresa u organismo público- de Deloitte, la auditora del Igape, en la revisión del balance de 2014. Por regla general, la dotación en los reavales con Afigal y Sogarpo se sitúa en el 12%. Para el resto de operaciones, la memoria de la agencia hace referencia solo a "una carta" de la Xunta remitida en abril de 2013 y ratificada un año después donde se fijan los criterios para la cobertura de los fallidos.
Hay otro párrafo de énfasis de Deloitte en las cuentas del Igape. La clasificación de la deuda con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) en el capítulo de acreedores a corto plazo, pese a que los contratos de financiación son "mayoritariamente" a largo plazo. La agencia lo hizo así por la posibilidad de que esa deuda "puede ser exigida a corto plazo". Por esta razón, el Igape cerró 2014 con un fondo de maniobra negativo. "La capacidad del instituto para realizar sus activos y liquidar sus pasivos [es decir, el equilibrio entre ingresos y gastos a corto plazo] está sujeta a que siga contando con las subvenciones, transferencias y el apoyo patrimonial y financiero de la Xunta", señala la auditora. De ahí que la Consellería de Facenda autorizara en los primeros meses del pasado 2015 una propuesta de novación de la deuda para clasificarla a largo plazo.
¿Cómo? El primer préstamo del BEI al Igape, en junio de 2007, aportó 30 millones a devolver en hasta doce años. El segundo, en enero de 2009, contemplaba un máximo de 200 millones, de los que finalmente se emplearon 65 millones. El organismo optó por cambiar los dos préstamos por uno nuevo con un importe máximo de 135 millones. El desembolso previsto a cargo del préstamo novado para el pasado año alcanzaba los 14,5 millones.
Los gastos del Igape durante 2014 ascendieron a 39,06 millones de euros. Los ingresos, a 47 millones. Lo que permitió un ahorro cercano a los 8 millones de euros, aunque había cerca de 7 millones ya comprometidos y pendientes de realizar. Los cobros también aún no ejecutados rozaban los 27 millones de euros. El organismo disponía de algo más de 12 millones líquidos y un remanente de tesorería de 32 millones de euros.
