PP y PSOE se unen para aprobar la ley de transparencia con la abstención del resto de los grupos

La ley de transparencia y buen gobierno de la Administración autonómica, que regula que los altos cargos hagan público su patrimonio al tomar posesión y al cesar o que restringe la acción de gasto del gobierno en funciones, salió ayer adelante en el Parlamento gallego con los votos del PPdeG y del PSdeG, mientras AGE, BNG y Grupo Mixto se abstuvieron porque, a pesar de los "avances muy significativos" producidos en su tramitación, todavía ven "taras" de "opacidad".

Aunque durante el trabajo parlamentario toda la oposición coincidió en pedir la devolución del texto impulsado por los populares, ayer los socialistas se desmarcaron mostrando su apoyo. Marisol Soneira, diputada de la formación, justificó que "lo que mejora es mucho más de lo que se deja por el camino". Mientras, desde el PP, Paula Prado echó en cara a los grupos que se abstuvieron que "no tienen motivos de peso para no votar a favor de esta ley", que reemplaza la que estaba en vigor desde 2006 aprobada por el bipartito.

La oposición, sin embargo, coincidió en apuntar dos peros en la normativa. Por una parte, los efectos del silencio administrativo negativo, que criticaron tanto la diputada Consuelo Martínez (Grupo Mixto), como el diputado de AGE Xabier Ron, para quien reservar esa "prerrogativa" supone "opacidad". "Van a hacer que la ley sea como un boicot" por parte de la administración al acceso a la información que interese, criticó el representante de AGE.

Por otra, según apuntó la nacionalista Tareixa Paz, con este texto "no se va a poder regular en su totalidad" aspectos de las puertas giratorias, ya que, alega, "no es lo mismo" que un cargo público pueda ir a trabajar "a una mercería de Ourense" que a ACS.

La ley amplía el control sobre el régimen de incompatibilidades, además de obligar a hacer pública la relación de actividades de cada alto cargo durante los dos años anteriores, pero también posteriores, a la toma de posesión.

La sintonía mostrada por los socialistas y los populares para sacar adelante la ley de transparencia se rompió en cambio en la de acompañamiento a los presupuestos, que incorpora una reforma fiscal que el PP defiende como "social". El PP volvió a sacar adelante la normativa solo, ante el rechazo de toda la oposición, que tachó la norma de "regresiva" y "electoralista".

El portavoz del grupo parlamentario popular, Pedro Puy, reivindicó que "lo más importante" de esta ley "son las medidas fiscales", a las que atribuyó un "claro componente redistributivo y, por lo tanto, social". La normativa recoge la rebaja del impuesto del IRPF, de donaciones y sucesiones y de transmisiones patrimoniales. Puy defendió poder bajar los impuestos pero recaudar más, por la reactivación de la economía, en un contexto que describió como "un círculo virtuoso", que contrapone al "círculo vicioso que dejó el PSOE".