La de Sabadell Gallego es la tercera incorporación de una entidad financiera al plan de la Xunta para paralizar los desahucios. La primera de un banco nacional, además del acuerdo que el Ejecutivo autonómico mantiene con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Financiera (Sareb). Su director general, Pablo Junceda, firmaba ayer el protocolo de colaboración con la conselleira de Medio Ambiente, Infraestruturas y Territorio, Ethel Vázquez, en presencia del presidente Alberto Núñez Feijóo, que destacó que Galicia era una de las comunidades donde menos personas se han quedado sin casa por el impago de sus hipotecas en los años de la crisis. Estas colaboraciones con el sector, según el jefe del Ejecutivo autonómico, "son un salto cualitativo" porque luchan contra "las desgarradoras consecuencias" de los lanzamiento. "Es una cuestión de máxima relevancia para la Xunta", asegura, "para que los flecos de la recesión dejen a salvo el derecho constitucional a la vivienda".
Pablo Junceda destacó "la vocación gallega" de la entidad y su intención de seguir al lado de la Xunta, "como desde el primer minuto", para "actuar ante el problema de las personas". Sabadell Gallego, según su director general, nunca realizó un desahucio, "ni lo va a realizar". En esa línea va el pacto con el Gobierno gallego. La entidad se compromete, efectivamente, a evitar que clientes suyos deban salir de sus casas por la imposibilidad de abonar las cuotas del préstamo, además de facilitar la permanencia en sus viviendas con la firma de alquileres sociales. Sabadell Gallego cede al Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) la gestión de una veintena de pisos que tiene en la comunidad para esos alquileres sociales que acojan a personas que se queden sin hogar, con lo que la bolsa de la Xunta al amparo de este plan en el que participaban hasta ahora Abanca, Caixa Rural Galega y Sareb alcanza las 240 viviendas.
El programa de realojos, según detalló Núñez Feijóo, atendió "el 100%" de las solicitudes presentadas por familias. Desde 2009 la Xunta destinó a actuaciones de este tipo "para garantizarles a todos los ciudadanos el derecho a un hogar" un total de 278 millones de euros. Además de la disponibilidad de estas 240 viviendas adicionales que aportaron las entidades financieras, la administración regional cuenta con el bono de alquiler social de 150 euros al mes durante dos años -o un pago único de 450 euros en caso de acumular retrasos en las mensualidades- orientadas "de forma específica" a aquellas familias que están en riesgo de desahucio y necesitan una ayuda "urgente".
La Xunta sigue adelante en la elaboración del censo de viviendas vacías de Galicia para contar con una radiografía lo más completa posible de la situación "y buscar fórmulas de acuerdo para su utilización a favor de las necesidades sociales y las políticas públicas".
