"Todo o que hay na rúa é peixe; entre una cosa y la otra, pues vas sumando, vas sumando, vas sumando..." Estas palabras las pronuncia, por teléfono y en tono confiado, Enrique Alonso Pais, el empresario al que la Policía Nacional describe como el "principal protagonista" de la trama de presunta corrupción en la adjudicación de contratos públicos que ha destapado la Operación Patos. Administrador de la constructora Eiriña S.L., este vigués de 57 años natural de San Andrés de Comesaña hablaba en esta conversación telefónica de "sumar" obras. Lo que no se imaginaba en ese momento es que sus impresiones no sólo las escuchaba su interlocutora, sino también un equipo de la unidad policial de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que tenía pinchados sus teléfonos. Y es que las intervenciones telefónicas autorizadas por el Juzgado de Instrucción número 7 de Vigo, que dirige esta causa de supuesto tráfico de influencias, se constituyeron como una prueba clave para desenmarañar un caso sobre el que se acaba de levantar el secreto de sumario y que en unos días lo que "sumará" serán nuevos imputados. Las reveladoras escuchas, que se mantuvieron desde enero de 2013 hasta que un año después explotó el operativo, no sólo afectaron a Alonso Pais. Junto a los de él, también fueron intervenidos los teléfonos de otros imputados, como es el caso del exconcejal de Nigrán José Álvarez Valverde, así como de más ediles que, sin estar imputados, han tenido el foco de los investigadores sobre ellos: es el caso del concejal de Jardines de Vigo Ángel Rivas y de la exdelegada de Hacienda del Ayuntamiento de Ponteareas, Belén Villar, que cuando ostentaba este cargo estaba en excedencia como empleada de una de las sociedades del dueño de Eiriña.

La nula prudencia al teléfono facilitó el trabajo policial. "Estuve con un tío y me dijo que había un bulo por Santiago de que estábamos medio compinchados todos; no pueden demostrar nada, me importa un carajo", afirmaba Pais cuando apenas se llevaban unas semanas de escuchas. Su interlocutor acaba respondiéndole: "Se lo dan a uno, pero después ya chuparemos los demás ahí". Es sólo una de las miles conversaciones que recoge el sumario y que para la Policía es "indiciaria" en este concreto caso de que se estaban preparando "amaños" con una adjudicación relativa a un contrato para gestionar depuradoras.

"Hablamos de la 'obrita' esa grande; y nos van a dar un proyectito de 130 o 140.000 euros", cuenta el dueño de Eiriña en otra ocasión, tras una reunión con uno de sus contactos políticos. El sumario también recoge, en interpretación de la Policía, su "desorbitado interés" por una millonaria obra en Vigo. Quiere, interpretan los agentes, que el Concello tramite los trabajos por la vía de urgencia. "Apretarles al máximo; la obra la hago yo, si no la hago yo tienen un problema conmigo", afirma en una conversación con altos directivos. Y eso que, en general, a la constructora de Pais no le faltaba trabajo. El "chollo rulaba" y llegaban obras "de las buenas". Ante sus confidentes telefónicos no dudaba en alardear de sus reuniones con cargos políticos para ver si le "movían" la "obrita". "Es importante poner un pie, una pica en Flandes", decía a principios de 2013. "Jaime [su mano derecha, también imputado] va a flipar en colores, porque no damos abasto; si el otro día aún nos aprobaron en Pontevedra también otro trabajo... para tapar el museo que había al aire libre", contaba por teléfono.

Clave

Las escuchas acreditan la red de contactos que tenía el presunto cerebro de la Operación Patos. Y esto resulta clave para la Policía Nacional. "Durante las intervenciones telefónicas se observó como Enrique Alonso Pais contactaba con políticos y funcionarios de la Delegación de la Xunta en Vigo, de concellos como el de Vigo o Pontevedra, de la Diputación Provincial de Pontevedra y, en un ámbito inferior,de ayuntamientos como Ponteareas y Nigrán", constata un informe incorporado a la causa en el que se añade que de dichos contactos -que realizaba él o su número dos en la empresa- se evidenciaban presuntos intentos de "amaño" de licitaciones de obra.

Pais, a tenor del sumario, hablaba por teléfono con frecuencia con la delegada de la Xunta en Vigo, María José Bravo Bosch. Se enviaban SMS. "Vou a tomar un viño coa delegada", cuenta a un tercero en una ocasión. En otra conversación le pide a su esposa que le tenga preparado un traje "que esté bien", "el azul o el de rayas", que lo había llamado María José para citarse con él. La juez, en los autos en los que durante meses fue prorrogando los pinchazos, alude a las "estrechas y constantes" relaciones entre el ahora imputado y la delegada. La Policía estima que tenía "influencia" sobre ella para obtener obras, extremo que la delegada negó este mismo viernes.

Las diligencias apuntan a que Pais también tendría una relación de confianza con el expresidente de la Diputación Rafael Louzán, llegando a presumir de "ponerle las pilas" y de exigirle que tenía que darle obras "con las que ganar dinero". También telefonebaa al edil vigués Ángel Rivas. Y sus redes llegaban a otros ayuntamientos: "Voy a llamar al carajo éste del concejal de Nigrán, a ver si podemos estar con él..."

Las obras, las adjudicaciones... centraban la inmensa mayoría de sus llamadas. Pero no sólo eso. Con Belén Villar, por ejemplo, son frecuentes las conversaciones sobre la trastienda de lo que ocurría en el concello de Ponteareas del que ella era edil. Los pinchazos evidencian que el constructor también presumía de que había conseguido trabajo "a medio San Andrés (de Comesaña)" o que usaba sus contactos para evitar alguna que otra sanción: "A ver si soy capaz de parar el expediente, hay una sanción de 7.000 euros, no es una broma". Incluso se interesa, en otra conversación, sobre el estado en los juzgados del pleito de divorcio de un político.

Aún menos cuidadoso por teléfono era el exconcejal José Álvarez Valverde, el único imputado hasta ahora de la trama que ocupaba un cargo público. "Mamarrachadas", decía supuestamente el ya exconcejal del PP de Nigrán sobre los procedimientos administrativos de contratación. "En vez de darte las dos te doy una, eh; cuando termines esa te vuelvo a dar otra y a tomar por saco...", le prometió a un empresario.

Otro de los imputados cuyo teléfono estuvo bajo la lupa policial es Juan Ramón Alonso, técnico de Cespa, la otra empresa investigada en la trama. En varias conversaciones se refiere a pagar vuelo y hotel a políticos para un congreso en Málaga. En una de ellas su interlocutor le advierte. "Las empresas no pueden pagar viajes ni rollos..., ¿sabes, no? Aquí en Santiago hay una persona que se fue al trullo por eso", le dice en una clara alusión, interpreta la Policía Nacional, a la Operación Pokemon.