No solo las inspecciones de técnicos de Urbanismo son las que sacan a la luz las obras que se levanta en Galicia sin tener licencia. A ello también contribuyen de forma especial las denuncias de vecinos sobre supuestas irregularidades en cualquier de los 314 concellos. No hay día en que la Consellería de Medio Ambiente no tramite algún expediente de paralización de viviendas, naves o galpones. Convertir un cobertizo en una casa de fin de semana, construir un galpón para guardar los aperos de labranza, instalar una vivienda de madera en un finca... Son las actuaciones urbanísticas irregulares que más se han repetido en los últimos años por todo el territorio gallego. Solo en el primer semestre del año, la Xunta, a través de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), abrió un total de 201 expedientes y resolvió un total de 178, lo que supone una media de 30 cada mes. Se trata del mayor número de obras paralizadas de los últimos cinco años: entre enero y junio de 2011 fueron 112, le siguió 2012 con 106; el siguiente año con 114 y finalmente el primer semestre del ejercicio pasado con 180.
La tendencia ha sido al alza durante el último lustro, multiplicándose un 89% desde el año 2011 el número de expedientes abiertos, según datos recogidos en el balance semestral de la APLU. La provincia de Pontevedra concentra el mayor número de inspecciones urbanísticas abiertas, con un total de 103 entre enero y junio, seguida de Lugo (54), A Coruña (26) y, finalmente Ourense (18). De los 178 expedientes que la Xunta ya resolvió también es Pontevedra la provincia gallega que concentra el mayor volumen (78, lo que supone el 43% del total). El segundo puesto lo ocupa A Coruña (47 casos resueltos, el 26% del total), seguida de Lugo (39) y Ourense (14).
Detrás de este incremento de expedientes abiertos no está sin embargo un aumento de la actividad fiscalizadora de la APLU, ya que la forma de inspección y los controles apenas han variado. "Lo único que cambia de un año para otro son los criterios a la hora de marcar la prioridad de inspección entre ayuntamientos dentro de una misma provincia", destacan desde Medio Ambiente, al tiempo que enfatizan que con el paso de los años la APLU gana "en eficacia" por la colaboración entre administraciones (ayuntamientos y Costas) y otros agentes (Policía, Seprona y Fiscalía". Y también, celebran desde el departamento que dirige Ethel Vázquez, por el aumento de las denuncias de particulares.
Continuas modificaciones
La Lei do Solo de 2002 exige que cualquier obra reciba el visto bueno previo por parte de la Administración autonómica, una medida que la Xunta justificó en su momento para introducir más garantías en el urbanismo y homogeneizar los criterios en todos los municipios. En la práctica, la ley resultó demasiado restrictiva por lo que el Ejecutivo de Feijóo decidió en 2009 impulsar una reforma para dar a los ayuntamientos más margen de maniobra a la hora de decidir qué se puede hacer o no dentro de su territorio. Esta modificación dio vía libre a los concellos para aprobar obras menores como naves o establos sin necesidad de autorización autonómica previa. Y a la hora de conceder licencias en suelo rústico para obras mayores, que requieren proyecto técnico completo, solo cuenta el plazo municipal de tres meses, eliminándose el permiso del Gobierno autonómico, que suponía otros tres meses.
En su día esta modificación fue cuestionada por los fiscales gallegos, quienes advirtieron del peligro que supone dar más responsabilidad a los concellos en la planificación urbanística, tanto por su falta de recursos como por la proximidad con los protagonistas de las infracciones. ¿Qué ocurre cuando a un propietario se le abre un expediente de reposición de la legalidad urbanística? La Xunta inicia un trámite para determinar si la obra cumple las normativas autonómicas y municipales para su construcción. Si concluye que se ha cometido una infracción urbanística y no se han solicitado las autorizaciones y permisos pertinentes para ejecutar la obra, se le comunica al interesado con el objetivo de que repongan la realidad alterada, desde cambios en la construcción hasta la demolición de la obra. De hacer caso omiso a la orden del Ejecutivo autonómico, se le interpondrá la primera multa coercitiva, que de seguir desistiendo el propietario, sumará nuevas sanciones a lo largo del proceso.
En el primer semestre del año, la Xunta impuso un total de 225 multas coercitivas por un importe total de 651.000 euros. A Coruña y Pontevedra concentran el mayor número, 72 y 90 multas, respectivamente. Sin embargo, pese a sumar menos sanciones A Coruña el importe es superior: 265.000 euros. En Pontevedra, el importe ronda los 260.000 euros, por los 79.000 de Lugo y los 48.000 de Ourense.
