Junto con los preferentistas todavía atrapados o el resultado de la comisión de investigación en el Parlamento, las indemnizaciones a los antiguos directivos de las cajas gallegas es, sin duda, uno de los no pocos delicados capítulos pendientes de cerrar a estas alturas en la pesadilla de la reforma financiera en la comunidad. A punto de cumplirse tres años ya desde la presentación formal de la querella de Anticorrupción, en la Audiencia Nacional arranca mañana el esperado juicio sobre los pagos. Las dos fiscales encargadas del caso y el juez instructor, Ismael Moreno, comparten que los imputados tenían un "plan preconcebido" incluso antes del matrimonio entre Caixanova y Caixa Galicia para mejorar los contratos a espaldas de los órganos de control ante su "previsible" marcha. Por eso acusan a José Luis Pego, Gregorio Gorriarán, Óscar Rodríguez Estrada y Javier García de Paredes de un delito de apropiación indebida y administración desleal o, alternativamente, de estafa, con la colaboración "necesaria" del que fue presidente, Julio Fernández Gayoso, y el experto legal Ricardo Pradas, que también se sentarán en el banquillo. Además de la devolución de 19 millones de euros, sobre ellos recae la petición de tres años de cárcel.
"Meras conjeturas desvirtuadas", sostienen las defensas, que insisten, sobre todo, en la inexistencia de cambios en las condiciones laborales, en el conocimiento por parte de los consejos de administración y el Banco de España de cuáles eran las retribuciones y en que la propia historia del nacimiento de la caja única tira abajo cualquier teoría sobre pactos de antemano.
Dos argumentaciones opuestas y un telón de fondo: las dudas manifestadas por varios de los coprotagonistas de esta historia. "Las indemnizaciones pueden estar blindadas legalmente, pero son ilegítimas desde el punto de vista ético y moral", aseguraba en mayo de 2012 el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, uno de los artífices de la operación. "Todas las indemnizaciones, en nuestra opinión y de acuerdo con nuestros informes jurídicos tanto internos como externos, se han ajustado a derecho", sostenía también en noviembre de 2011 el entonces máximo responsable de NCG, José María Castellano. Ésa es la línea roja a dirimir en el transcendental proceso que se inicia en la Audiencia.
1 | Denuncia de un particular. Aunque no fue la única -de hecho la CIG también llegó a acudir al juzgado-, la denuncia que abrió el camino de Anticorrupción partió de Pablo Arangüena, abogado y líder de Izquierda XXI, una de las tres corrientes en las que en 2012 se movía el PSOE de A Coruña. Una posible "grave repercusión para la economía nacional", justificó en aquel momento la Fiscalía para llevar su querella a la Audiencia Nacional. El magistrado Moreno la admitió.
2 | Los Méndez se quedan fuera. Contra ellos también iba la denuncia. Contra José Luis Méndez y sus dos hijos, José Luis y Yago. El ex director general de Caixa Galicia se fue justo antes de la fusión. Fue una orden expresa del Banco de España dada su responsabilidad directa en la quiebra de la entidad coruñesa. Los apoyos públicos llegaron después. Para digerir su herencia. Así se justificó que el gran causante del pinchazo financiero de Galicia, con 18 millones de euros en su bolsillo y varios privilegios -secretaria, chófer, teléfono y dietas de representación en participadas- que mantuvo hasta meses después, no estuviera en la lista de imputados.
3 | Las primeras conclusiones de las fiscales. El escrito inicial de Anticorrupción en junio de 2012 no contemplaba el posible delito de estafa, sino el de "defraudación". El resto de las premisas se han ido manteniendo a lo largo de estos tres años. El supuesto acuerdo de mejora de los contratos de alta dirección que alteró "el concepto de renta vitalicia total" pocos días antes de la integración de las cajas y sumó "el derecho de viudedad". El escrito apuntaba a Gayoso como mediador por las explicaciones que dio ante el consejo de administración, "sin identificar a qué personas podía afectar" ni cuantificar las indemnizaciones. Las cantidades a devolver ascendían a 7,8 millones de euros. Del total, 5,266 millones se le reclamaban a De Paredes; otros 1,433 millones a Pego; 913.600 euros a Gorriarán; y 260.900 a Rodríguez Estrada. Ninguno de ellos había recibido su pensión. Anticorrupción llegó a responsabilizar a Gayoso de la liquidación de De Paredes, pese a que se efectuó de la mano de Castellano.
4 | Las discrepancias en los interrogatorios. Los acusados y el resto de consejeros y directivos pasaron por la Audiencia Nacional para declarar durante el último trimestre de 2012. "Fue legal y correcto", defendió Rodríguez Estrada, que alegó el cobro conjunto de los 5,3 millones para el ahorro de intereses a NCG. En la legalidad incidió también Gorriarán, que recordó que el Banco de España estaba al tanto de las retribuciones. Los problemas, según destacó Rodríguez Estrada, venían de Caixa Galicia. "Caixanova cumplía", dijo el encargado de la oficina de integración. "Llegó a la fusión con 90 millones de beneficio -explicó en esa misma línea Pego-, pero NCG era la suma con Caixa Galicia". El ex director general negó alteraciones en los contratos. "Fueron clarificaciones", subrayó, sobre "derechos ya existentes". "Contratos antiguos", añadía Gayoso.
5 | El turno de los consejeros. Sus respuestas no fueron tan coincidentes. El que había sido vocal de CCOO en Caixa Galicia, José Luis Regueiro, sostuvo que no hubo información en los consejos de administración. A preguntas de los abogados de los directivos sí reconoció que él no pidió los contratos y que tampoco quiso verlos cuando se los ofrecieron. Miguel Argones, vinculado a Csica, afirmó que tanto Banco de España como Xunta sabían el contenido de los contratos. La Consellería de Facenda apuró a sacar un comunicado oficial cuando transcendió esta declaración. Con tres ideas. Que "no supervisó" las indemnizaciones, sin rechazar que las conociera. Que se podrían haber cobrado "de manera indebida", que no ilegal. Y que con la "legislación actual", no con la vigente en el momento de recibirlas, "no serían posibles".
6 | La ratificación de Castellano. El presidente de NCG confirmó en la Audiencia Nacional lo que ya dijera públicamente en Galicia. Que todos los expertos consultados y el Banco de España habían avalado las prejubilaciones. "Desorbitadas y poco éticas", pero, "legales".
7 | Imputación y desimputación de miembros del consejo. Por las interrogaciones pasaron dos consejeros de origen Caixanova, Pilar Cibrán y Alfonso Zulueta, y dos de Caixa Galicia, Mauro Valera y Salvador Fernández Moreda. Los cuatro, en la misma idea de la corrección de los contratos. Y los cuatro llegaron a estar imputados, hasta que en febrero del pasado 2014 quedaron fuera de la causa. Sí se mantuvo Ricardo Pradas, el conocido abogado, con trabajos incluso para el Banco de España, que asesoró a la entidad.
8 | El juez se apunta a las hipótesis de las fiscales y los imputados insisten en su legalidad. El 11 de julio de 2014 el juez instructor abre juicio oral a la antigua cúpula de Novacaixa bajo las mismas razones que daban desde el inicio las dos fiscales, pero elevó a 19 millones, el total cobrado, la fianza. Cada uno con sus peculiaridades, pero los cinco exdirectivos coinciden en sus escritos de defensa en la legalidad de los pasos dados y que se fueron porque Castellano no contaba con ellos.
9 | Actas del consejo, informes claves, pruebas periciales... y las declaraciones. Tras los dos retrasos que acumula el comienzo del juicio, la Audiencia Nacional tiene reservadas fechas hasta la segunda semana de julio. Habrá jornadas de auténtico maratón con el medio centenar de testigos convocados. Pero, sin duda, la luz vendrá de la abundante documentación que hay que la causa. Actas de comisiones y consejeros para comprobar hasta qué punto estaban informados sus miembros. Los mencionados informes de expertos sobre la legalidad de las indemnizaciones. Las pruebas periciales encargadas por Fiscalía y las de parte de los imputados acerca de los contratos y el seguro. Y los dictámenes y comunicaciones del Banco de España y el FROB, como el elaborado a su petición por el despacho Sagardoy, que concluye que es "difícil de sostener" que el pago podría haberse evitado.
