El juez y el fiscal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que han analizado el caso de la diputada del PP Paula Prado, imputada en el caso Pokemon, no han hallado indicios de ningún delito de tráfico de influencias, cohecho o falsedad documental. Por ello, proponen a la sala del alto tribunal que cierre el sumario sin procesar a la dirigente, cuyo ascenso político se frenó en seco a raíz de su implicación en el caso, hasta el punto de que le costó la dimisión como portavoz del PPdeG en junio del año pasado.
La juez del caso Pokemon, Pilar de Lara, derivó el caso de Prado al TSXG, debido a la condición de aforada de esta, tras meses de pesquisas, lo que motivó el adiós a su puesto de portavoz del PPdeG debido a su desgaste mediático. Entendía que existían indicios de tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental y cohecho durante su etapa como concejal en el ayuntamiento de Santiago. Ya en un primer momento, el TSXG rebajó los delitos investigados y no entró a analizar presuntos ilícitos señalados por De Lara, como la supuesta influencia de Prado y ediles del PP para beneficiar al esposo de la diputada en la venta de materiales textiles, la mediación para instalar una toma de agua clandestina a una vecina de Santiago y la petición al concejal de Tráfico de la capital gallega de un permiso para aparcar su vehículo en la plaza de O Obradoiro.
Prado se situó en el ojo del huracán judicial por tres decisiones en su etapa como edil del gobierno de Gerardo Conde Roa, del que solo sobrevive un miembro en la actual corporación debido a varias causas de corrupción. De Lara la investigó por supuestamente inflar una factura en 3.000 euros para favorecer a un empresario afín a su partido y recomendar contrataciones en Sermasa, una filial de Vendex, el epicentro de la supuesta trama corrupta Pokemon, así como por su relación con conciertos celebrados en un local de Santiago. Instructor y fiscal del TSXG, que en septiembre pasado admitieron a trámite la petición de investigación por parte de De Lara realizada en junio, no perciben delito alguno en ninguno de estos casos.
El juez Pablo Saavedra y el fiscal Fernando Suanzes coinciden en que tan solo sería imputable a la dirigente el cargo de tráfico de influencias y no cohecho ni falsedad documental, como pedía De Lara. Aun así, cierran la investigación sin hallar "ilícito penal alguno", por lo que el primero, a instancias del segundo, propone no procesar a la diputada. Ahora serán los jueces de la Sala Civil y Penal quienes deberán decidir si sobreseen el caso o abren juicio oral, aunque de no haber parte acusadora el archivo será automático.
De esta forma, quedan anuladas las sospechas de la juez del caso Pokemon sobre el tercer alto cargo del PPdeG, después de que retirase la imputación al alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, tras un informe policial que descartaba que fuese el autor de unas conversaciones intervenidas con un directivo de Vendex, y de que el Tribunal Supremo rechazase investigar también al portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro, descartando que recibiese 5.000 euros de la empresa para rebajar las críticas de su partido en Lugo a la concesión de un servicio municipal.
La revelación de la decisión del TSXG se produjo mientras se celebraba el pleno parlamentario, en el que Prado, que declaró en calidad de imputada el pasado septiembre ante el TSXG, intervino, no sin antes dejar un mensaje en las redes sociales. "Han sido meses muy duros para mí y para mi familia. Hoy acaba todo. El TSXG acuerda archivar la causa injustamente iniciada contra mí", escribió en Twitter.
La diputada se refirió a este caso nada más subirse a la tribuna parlamentaria, en un debate sobre el cuerpo de bomberos, para decirle a la oposición que no le guardaba "rencor" tras varios meses de "insidias e injurias" en un "juicio mediático sin precedentes".
Sus rivales no cambiaron mucho de argumento. Tareixa Paz (BNG) le respondió que tampoco ella guarda "rencor" por sus ataques a sus rivales, en referencia a su tono duro contra la oposición; Yolanda Díaz (AGE) le pidió diferenciar las "responsabilidades políticas de las penales"; y Beatriz Sestayo (PSdeG) le afeó la caja B que el juez Pablo Ruz considera que usó el PP a nivel estatal nutriéndose de donaciones ilegales.
Prado también realizó declaraciones a los medios en los pasillos del Parlamento, emocionada tras la comunicación del TSXG. "Terminan aquí meses de insidias e injurias sobre mi persona. Solo siento los malos tragos que pasó mi familia, sobre todo mis niños", relató antes de celebrar que "se haga justicia tras una larga instrucción". "Hoy es un momento muy alegre", incidió antes de reiterar que no guarda "rencor a nadie", pero lamentando los "titulares muy desagradables". Además, quiso destacar el apoyo de su partido: "En todo momento me sentí arropada".
Su caso generó más tarde una pequeña trifulca entre el vicepresidente de la Xunta y número 2 del PPdeG, Alfonso Rueda, y el diputado de AGE Juan Manuel Fajardo. El primero le recomendó pedir perdón a Prado y el segundo le recordó la frase intervenida por la policía en la que la entonces también edil reconocía los "regalos de la hostia" que Vendex hacía a cargos políticos.
