La Diputación de Ourense solo tendrá que desembolsar 5,1 millones de euros para subsanar las irregularidades detectadas en la construcción de 104 depuradoras en municipios del ámbito rural financiados con fondos europeos de los programas Daredo y Deputrans. El Ministerio de Hacienda ha aceptado las alegaciones del organismo presidido por el popular José Manuel Baltar para descontar de los 10,1 millones que debe devolver los 4,9 que la administración central le adeudaba desde el ejercicio 2007 de importes retenidos de operaciones financiadas por los fondos Feder del plan presupuestario 2007-2013.
La diputación reveló ayer el acuerdo alcanzado con el departamento dirigido por Cristóbal Montoro, que considera probadas las irregularidades de las que alertó la Oficina de Lucha Antifraude de la Unión Europea (OLAF), que detectó que los concursos para construir esas instalaciones se habían realizado a medida de las adjudicatarias. Consideraba que se exigieron en el pliego del concurso "requisitos no indispensables" para poner en pie las depuradoras, citando como ejemplo "un determinado modelo de máquina que fue presentado por la empresa adjudicataria", que se ajustaba a las firmas que finalmente lograron el concurso.
Estas adjudicaciones se produjeron entre los años 2002 y 2004, cuando el presidente de la diputación era José Luis Baltar, condenado el pasado mes de julio a nueve años de inhabilitación para ejercer cargo público por contratar a dedo 104 personas en la diputación, si bien ya se encontraba jubilado entonces. Hacienda entiende que esa decisión sobre los pliegos restringió la competencia.
El Ministerio, según informó la diputación, ha atendido la petición de esta "según la cual se compensan las deudas entre las dos administraciones", decisión que ahora deberá aprobar el ente presidido por Baltar. El organismo provincial alegó que las especificaciones técnicas que constaban en los pliegos de los contratos estaban predeterminadas en los proyectos elaborados por el subcomité de gestión del Interreg III, por lo que son legales. La OLAF había solicitado al Ministerio de Hacienda que investigase si se habían cometido posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias.
Contencioso pendiente
José Manuel Baltar valoró positivamente esta decisión, según informó la diputación, pero recordó que el conflicto todavía no ha concluido. "[La diputación] tiene planteado ante la jurisdicción contencioso-administrativa la medida cautelar de suspensión de la obligación de pago, procedimiento que está aún pendiente de resolverse", indicó.
