Dos años y medio después de abrirse la investigación por fraude en cursos de formación subvencionados por la Xunta, la operación continúa abierta e incorporando más pruebas. La Policía acudió hace una semana a la sede de la Consellería de Traballo para llevarse más expedientes relacionados con las empresas del coruñés Gerardo Crespo, centro de la investigación, y las ayudas que recibió de la Administración autonómica. Pero la indagación intenta ir más allá de las subvenciones y la Policía también ha reclamado a la Consellería de Traballo los contratos de asistencias técnicas y consultorías que las firmas de Gerardo Crespo realizaron para el departamento que dirige Beatriz Mato.
Este nuevo impulso a las pesquisas sería el detonante que forzó la dimisión el pasado jueves del director xeral de Traballo, Odilo Martiñá, que al día siguienet estaba citado a declarar, aunque se acogió a su derecho de no hablar, en la comisaría coruñesa de Lonzas. Martiñá aludió a razones personales para dejar el cargo y solo después de que formalizara su renuncia, según contó ayer la propia conselleira de Traballo, la Xunta se enteró que había sido citado, mediante llamada telefónica, ante la Policía.
"Más allá de eso no sabemos cuál es la razón, ni siquiera si está o no imputado y, por supuesto, tampoco sabemos con qué materia puede estar vinculado", comentó Beatriz Mato en un acto del PP en Santiago.
La Policía tenía interés en conocer el papel que jugó Odilo Martiñá en la concesión de subvenciones a empresas que gestionan cursos de formación y reciclaje para parados. Pero el exdirector xeral se acogió a su derecho a no declarar.
En el epicentro de esta investigación judicial figura presuntamente Gerardo Crespo. Los cursos para los que recibía subvenciones de la Xunta no llegaron nunca celebrarse. Fue la propia Consellería de Traballo quien dio la alerta en febrero de 2012.
En su programa de control, la Dirección Xeral de Empleo visitó las instalaciones de 26 entidades sin ánimo de lucro seleccionadas para impartir talleres dentro del Plan Integral de Empleo con el fin de comprobar si los fondos públicos recibidos se destinan al objetivo marcado. Ahí se descubrió que dos firmas del empresario coruñés, Fundefo y AED, presentaban varias irregularidades graves, como falta de programación de las actividades y de datos sobre los alumnos participantes y del personal cualificado para impartir los cursos. Habían recibido las subvenciones pero no se habían realizado los cursos ni contratado al profesorado encargado de formar a los parados.
Ni siquiera contaba con las instalaciones comprometidas. Ante este descubrimiento, la Consellería de Traballo dio parte a la Fiscalía para que actuara. La operación, dos años y medio después, sigue bajo secreto de sumario en el Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña.
Desde entonces, la Policía acude periódicamente a la sede la Consellería de Traballo para recabar documentación, pero como reconocieron ayer fuentes del Gobierno gallego, no solo la vinculada directamente con las subvenciones recibidas, sino también con las actividades que las empresas de Gerardo Crespo realizaban para la Xunta, en concreto para Traballo, mediante contratos por asistencias técnicas y consultorías.
