Los dos primeros cargos de Adif citados a declarar como imputados ante el juez Aláez por el siniestro del Alvia en el que fallecieron 79 personas, vocales del consejo de administración del ente cuando se abrió la línea en 2011, se acogieron a su derecho a no declarar, tal y como habían anunciado. Previsiblemente esta será la pauta de actuación del resto de los once excargos de la empresa imputados por el magistrado, que han decidido apostar por la misma estrategia procesal según apuntaron fuentes del gestor ferroviario en días pasados. Esta postura fue criticada ayer por Manuel Prieto, el abogado del maquinista del Alvia, también imputado, que denunció que la decisión de guardar silencio de los exdirectivos "es una estrategia común montada por Adif" con la que "se demuestra" que la empresa "no quiere colaborar".

Los dos imputados que iniciaron ayer la ronda de comparecencias que se prolongará hasta el miércoles fueron dos sindicalistas, Juan Carlos Cáceres y Félix Martínez, ambos vocales en el consejo de administración de la empresa por CC OO y UGT, respectivamente. Mientras el segundo evitó el contacto con la prensa, Juan Carlos Cáceres se comprometió ante el magistrado, según Antonio Toscano, responsable ferroviario del sindicato que lo acompañó al juzgado, a declarar "a petición propia" cuando analice la documentación del caso.

Siempre y cuando se mantenga su imputación, porque el año pasado la Audiencia tumbó las primeras realizadas por el juez contra Adif y en este momento hay recursos pendientes sobre los que debe decidir, como el de la Abogacía del Estado o el del fiscal del caso. Este último no comparte con Aláez que existan "elementos" para atribuirles a once exdirectivos de la empresa delitos contra la seguridad colectiva o imprudencia grave. El magistrado defiende en su auto de imputación -que es "clarísimo", según el abogado del maquinista- que la seguridad en A Grandeira no era "la exigible y adecuada" tras prescindir en la curva del ERTMS -el sistema de control de velocidad más seguro- que sí estaba previsto en el proyecto inicial "sin que se supla la deficiencia en modo alguno".

En todo caso, Toscano aseguró que la decisión de ayer de no declarar implica un "aplazamiento" hasta estudiar la "compleja" y "voluminosa" documentación de la causa y recibir los informes que faltan -uno de ellos del propio gestor ferroviario y otro de un perito designado por la Xunta-. En ese sentido, Cáceres le transmitió al juez que si la Audiencia rechaza su recurso, declarará en el futuro, en un plazo que estimó "en 40 o 50 días".

El letrado del maquinista mostró su disconformidad con la decisión de los imputados de guardar silencio, que prevé que se repita en próximos días. "Obviamente es una estrategia común montada por Adif, y posiblemente hasta por el Ministerio", criticó ayer tras las breves comparecencias ante el juez de los sindicalistas. Manuel Prieto considera que su decisión de no declarar contrasta con las manifestaciones realizadas desde el gestor ferroviario y desde el Ministerio de Fomento sobre la colaboración con la justicia. "Todo eso de "quiero colaborar" es mentira. Se demuestra que no quieren colaborar y esto es una prueba más", señaló. Si hubiera colaboración, señaló, "esto iría a otro ritmo".