El futuro político del gobierno local de Santiago ha quedado visto para sentencia después de siete horas de vista en un proceso en el que la fiscal Aranzazu San José pide nueve años de inhabilitación para siete ediles por un delito de prevaricación. Esta considera que el acuerdo firmado por la junta de gobierno para que las arcas municipales pagasen la defensa del edil de Deportes Adrián Varela en el caso Pokemon es "ilegal" y, con él, "antepusieron el interés particular al público". En su alegato final, sostuvo que los acusados actuaron "a sabiendas" elevando la protección que la ley otorga a su "compañero".
En un tono duro, la fiscal considera que el comportamiento de los siete ediles fue "patente, flagrante y clamoroso" al destinar fondos públicos a defender a un implicado en un caso de corrupción "sin condicionarlo a nada". Varela está imputado por malversación, tráfico de influencias y cohecho, pero sus compañeros alegaron que solo conocían su situación "por la prensa".
El caso que sentó en el banquillo a Amelia González, Juan José de la Fuente, Cecilia Sierra, María Pardo, María Castelao, Francisco Javier Noya y Luis Bello, y que dejó para la historia la foto de más de la mitad del gobierno municipal desfilando hacia el juzgado ante las protestas de una veintena de personas, se basa en un acuerdo tomado el 30 de mayo del año pasado. La junta de gobierno, a la que no asistieron ni el alcalde Ángel Currás ni la teniente de alcalde Reyes Leis, recibió a primera hora la petición de Varela para que el concello asumiese la minuta de su abogado. Unas horas después, recibió el visto bueno junto a un informe del secretario municipal emitido en ese intervalo. Tras el escándalo, renunció a ello.
El conflicto surge en la interpretación de ese acuerdo. La fiscal entiende que "no se ajusta a los informes del secretario y se reconoce el derecho a una persona que no lo tenía", por lo que es ilegal. El texto aprobado por la junta de gobierno asume la propuesta de Varela y se remite al citado informe, que matiza que tiene derecho al pago de su defensa solo si es absuelto, no ha incurrido en abuso de poder y se le juzga por acciones en el ejercicio de sus competencias. La fiscal lamentó que no se "especifiquen" esas condiciones. "Deberían haber puesto siempre y cuando sea inocente", afeó en una sesión en la que insistió en juzgar la "literalidad" del acuerdo firmado y no las interpretaciones posteriores, argumento usado también por la Audiencia Provincial para tumbar el recurso de los acusados. "Nunca lo habían hecho así", comparó con otras decisiones similares. "Debían haber dejado bien clarito qué debe asumir el dinero público y qué no", añadió.
La defensa dirigida por el letrado Pablo Rodríguez-Mourullo -cuya firma participó en la defensa de Pablo Crespo en el caso Gürtel- basó su estrategia en tres vértices, apoyados en la declaración de los siete acusados y cinco testigos, entres los que destacaron el secretario del pleno y el interventor. En primer lugar, alegó que la petición de Varela ya aparecía condicionada a cumplir "la jurisprudencia, el ordenamiento jurídico y el informe" del secretario y que solo se pagaría si era absuelto. Por otro, añade otro informe de dos letrados de la Diputación de A Coruña -gobernada por el PP, al igual que Santiago- encargados a posteriori, que avalan su legalidad, a pesar de los rifirrafes que mantuvieron ambos con la fiscal. La existencia de varias interpretaciones, alegó el letrado, ya impiden "solo por eso" la existencia de un delito de prevaricación.
En tercer lugar, trató de dejar claro que los ediles votaban, pero no redactaban la propuesta, insinuando un error en la transcripción de la decisión de los acusados. Ello era competencia de una técnico municipal -Amalia Seoane-, que no compareció como testigo, por lo que el juez de la sala de lo Penal Jesús Leal sopesa imputarle un delito de obstrucción a la justicia.
Los ediles mostraron los mismos argumentos evidenciando una estrategia conjunta, sostienendo que creían en la "legalidad" de la decisión, aunque alguno dejó reproches. María Pardo, portavoz del Ejecutivo, reconoció que la solicitud de Varela constituyó un "error político enorme" y que "no era el momento oportuno" para saber si se cumplían los requisitos legales para pagar con dinero público la defensa de Varela. En este punto coincidió De la Fuente.
Ninguno de los ediles, acompañados por el regidor actual, Ángel Currás, y su antecesor Gerardo Conde Roa, declaró tener amistad con Varela. Noya incluso reconoció "discrepancias" con él.
