El jefe de maquinistas de Ourense, José Ramón Iglesias Mazaira, ratificó ayer ante Luis Aláez, el juez que instruye el siniestro del Alvia en el que fallecieron 79 personas, que envió el informe en el que alertaba del "brusco" descenso de velocidad en A Grandeira al entonces miembro del equipo de la Gerencia de Seguridad en la Circulación de Viajeros de Renfe, Ángel Lluch Perales.

No obstante, este último declaró también ayer en el juzgado que "no" le "consta" haber recibido dicho aviso, tal y como ya había afirmado en uno de los documentos que remitió Renfe al juzgado después de que Aláez pidiese explicaciones a la operadora ferroviaria de su reacción ante el aviso que el maquinista realizó en 2011 poco antes de la apertura de la línea.

Sin embargo, Manuel Prieto, abogado del único imputado en la causa, Francisco José Garzón, considera que Lluch "mantuvo su versión, pero no fue capaz de negar tajantemente" la recepción del correo. Precisamente fue Prieto quien acaparó la mayor parte -unos "45 minutos"- de un "duro" interrogatorio, según explicó el letrado de unas víctimas de la tragedia, José Lorenzo.

Renfe había alegado ante Aláez que nadie había trasladado el aviso sobre Angrois a "ninguno de los canales oficiales" que la empresa "tiene para abordar los asuntos de seguridad" y resaltaba que el propio Iglesias Mazaira era vocal de uno de ellos, la Comisión Territorial de León de Seguridad de la Circulación. No obstante, ayer el autor del aviso sobre la curva defendió ante el letrado y una nutrida representación de abogados de víctimas y de otras partes que dio traslado al informe por los "canales adecuados", según lo indicó Manuel Prieto, quien además subrayó que "todo fue perfectamente correcto", ya que, alegó, Iglesias Mazaira se lo transmitió a "su superior inmediato, José Luis Rodríguez Vilariño".

El propio Rodríguez Vilariño, que fue el último en comparecer ante el juez en una jornada maratoniana que empezó en torno a las 10,20 horas de la mañana y se prolongó, solo interrumpida por un pequeño receso, hasta las 16,40 horas de la tarde, hizo lo adecuado, según el letrado de Garzón, que era trasladar el aviso a sus "superiores inmediatos".

Rodríguez Vilariño explicó en la documentación trasladada por Renfe que envió las "anomalías" comunicadas por Iglesias Mazaira el 27 de diciembre de 2011 al gerente de Producción de Viajeros, Rafael Sardón, y al jefe de Producción de Viajeros, Nicolás Izquierdo, con copia al gerente de Media Distancia de Galicia, Javier Pérez, para que fuesen "tratadas", junto a otros temas, en la reunión de seguimiento del material s/121 del día siguiente, aunque el asunto, según Sardón e Izquierdo, no se abordó. Javier Pérez señala en la documentación que Renfe aportó al juzgado que no se lo remitió a nadie dado que Rodríguez Alvariño ya se lo había enviado a Sardón e Izquierdo. Uno de ellos afirma que no leyó el documento por el "poco tiempo" del que disponía para preparar la documentación y el otro aludió a que "ante la abundancia de información" sobre otros temas y dado lo "tardío" del envío, "no se tuvo presente" en la reunión el correo.

No obstante, el abogado del maquinista, Manuel Prieto, señaló ayer tras las comparecencias que "alguien habló con Adif" sobre la cuestión. En ese sentido alega que el documento de Iglesias Mazaira incluía, además de sus observaciones sobre el descenso de velocidad en la curva de A Grandeira, una parte sobre "anomalías en la transición del ERTMS al ASFA que, afirma, "se soluciona porque alguien lo habló con Adif". No obstante, fuentes del gestor de infraestructuras ferroviarias aseguraron ayer que a la empresa "no" les llegó el informe sobre la curva.

Ninguna de las declaraciones de ayer reservó, en opinión de Prieto, "grandes sorpresas" y a su juicio el tema "está más que claro". Por su parte, los tres testigos rechazaron realizar declaraciones a la prensa tras salir del juzgado. Solo José Ramón Iglesias Mazaira se limitó a señalar: "No voy a decir nada porque no estoy en condiciones de hablar nada". "Ya dije mucho", subrayó.

Quien sí se dirigió a los medios fue otro letrado, Arturo González, que representa a dos víctimas de Ourense. González defendió que "la clave fundamental de este tema son los informes periciales", que están "avanzados ya". Asimismo destacó la "abundantísima" documentación que fue presentada recientemente" que, dijo, "puede cambiar mucho el sentido de la instrucción". "Al parecer, el instructor así lo ve también", añadió. Respecto a que el caso cambie de manos, ante el traslado de Aláez al juzgado de lo Penal, indicó que no cree que afecte a la instrucción porque ya está "muy avanzada".

También ayer el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia informó de que actualmente están personados 95 lesionados y familiares de 59 fallecidos y hay dos acusaciones particulares: la Asociación de Perjudicados por el Accidente Ferroviario del Alvia (Apafas), presidida por Cristóbal González, y el colectivo Manos Limpias, que está pendiente del abono de la fianza.

El día 27 Aláez proseguirá la toma de declaraciones a testigos. En esta ocasión los citados son cinco cargos de Adif cuyas firmas figuran en el cuadro de velocidades y libro horario de Garzón.