Los siete ediles de Santiago de Compostela imputados por aprobar en Junta de Gobierno el pago de la defensa de otro concejal, imputado en la operación Pokemon, han decidido recurrir ante la Audiencia Provincial el auto de la jueza en el que dispone que se continúe la tramitación como procedimiento abreviado.
Así lo confirmó ayer uno de los concejales afectados, Francisco Noya, quien señaló que, tras recibir el auto, los siete concejales imputados han decidido presentar de forma conjunta, como Junta de Personal, un recurso contra esta decisión.
La jueza que suscribe el auto, Ana López-Suevos, acordó continuar con el procedimiento abreviado por si los hechos que se investigan fueran constitutivos de un supuesto delito de prevaricación, en relación a la decisión acordada por los imputados en Junta de Gobierno de dar asistencia jurídica al concejal de Deportes, Adrián Varela.
La magistrada recoge en su auto que el citado acuerdo "se adoptó por los imputados a sabiendas de que la imputación que pesaba sobre Adrián Varela era derivada de un proceso penal por presunta corrupción y declarado secreto, por lo que en el momento en que se decide asumir los gastos de defensa y representación los indicios existentes de los que disponen son de que se encuentra encartado por actos cometidos por abuso o exceso de funciones, con claro conflicto de sus intereses particulares con los de la corporación local".
En concreto, las diligencias se incoaron en virtud de una denuncia interpuesta en septiembre de 2013 por la Fiscalía de Santiago y el 8 de octubre el Juzgado de Instrucción Número 1 de Santiago dictó acto de incoación de diligencias previas por supuesto delito de prevaricación. Los concejales imputados son los populares Amelia González, Juan José de la Fuente, Cecilia Sierra, María Pardo, María Castelao, Francisco Javier Noya y José Luis García Bello.
