La operación Pokemon ha sacudido, y también marcado, la política municipal gallega desde hace año y medio. De hecho es la mayor investigación sobre corrupción realizada nunca en Galicia. La instrucción realizada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo ha descubierto la existencia de una supuesta trama que salpica la gestión de cuatro de las siete ciudades de Galicia y de otros muchos concellos y en el centro de la cual se situaría el grupo Vendex, una empresa especializada en la prestación de servicios municipales, singularmente la retirada de vehículos con la grúa y la explotación del aparcamiento regulado (ORA).
La Pokemon ya tiene en su haber más de un centenar de imputados entre cargos políticos, empresarios y funcionarios y ha destapado presuntos sobornos y enchufes en A Coruña, Lugo, Ourense y Santiago. Pero apenas ha causado víctimas políticas, puesto que solo han dimitido el alcalde de Ourense Francisco Rodríguez y el concejal de Santiago Albino Prada. Los demás se siguen aferrando al cargo y defienden contra viento y marea su inocencia, como los regidores de Santiago y Lugo, Ángel Currás y Xosé Clemente López Orozco, respectivamente, y el número dos del Concello de A Coruña, Julio Flores.
Según lo revelado en el sumario, el método de funcionamiento era siempre el mismo. A cambio de conseguir contratos de servicios municipales, fuera un ayuntamiento grande o pequeño, Vendex ofrecía sobornos en forma dinero, regalos, viajes o comidas, y enchufaba a personas afines de los responsables de adjudicar esos contratos.
La operación Pokemon arrancó con la investigación de supuestas irregularidades en la concesión de contratos públicos en el Ayuntamiento de Lugo, y de allí saltó a Ourense, Santiago y A Coruña, pero también a concellos como O Carballiño, Marín, Boqueixón, e incluso a Asturias y Cataluña.
Entre las muy numerosas grabaciones de conversaciones telefónicas realizadas a los imputadas por Vigilancia Aduanera e incorporadas al sumario judicial, se recogen también transcripciones de personas que declaran pagos opacos a partidos: al PP en Santiago y al PSOE en Lugo y Ourense.
