A la Xunta no le queda más remedio que renunciar a los siempre esperados plazos en su aparente apuesta renovada por las energías renovables en general y la eólica, joya de la corona, en particular. Tras el anuncio durante el Debate de Estado sobre la Autonomía el pasado lunes de los cambios en el concurso que repartió hace prácticamente tres años los ahora parados 2.325 megavatios (MW) y el impulso de una rebaja en su fiscalidad, el propio presidente Alberto Núñez Feijóo se limitó a mostrar su confianza de "poder ver" esta legislatura "parte" de las inversiones acumuladas. Cualquier fecha sonaría a entelequia ante las aguas turbulentas por las que navegan las llamadas tecnologías limpias, a las que la reforma energética del Gobierno central ya no diferencia del resto. Es el gran obstáculo del Ejecutivo gallego en su propósito, otra vez, de convertirlas en "una oportunidad de crecimiento", y que choca todavía más con la filosofía que empapa las propuestas para "una estrategia nacional" para el sector en el núcleo duro del PP, de mano de la Fundación Faes.
El laboratorio de ideas y programas de los populares, bajo la batuta del expresidente José María Aznar, comparte con el Ejecutivo gallego la idea de que la energía puede ser para el país en su conjunto "una palanca de crecimiento y competitividad", pero también "una pesada factura que siga pagando toda la sociedad" si los objetivos a seguir no son "claros y estables", con "unos principios coherentes con ellos". Y hasta ahí las similitudes, porque el estudio de Faes, presentado precisamente el lunes por Alberto Nadal, secretario de Estado de Energía, apunta a las fuentes verdes como una excepcionalidad en futuros incrementos de potencia. Sin, además, subvención.
"La regulación del Régimen Especial (aquel en el que se integran las centrales con derecho a prima) y, en particular, la implantación de determinadas tecnologías de energías renovables, ha sido un ejemplo de desorden administrativo", carga el estudio, que no duda en calificar de "innecesario" el traspaso de competencias administrativas en la autorización de potencia a las comunidades. Lo que, entre otras cosas, permite a la Xunta la organización del concurso. La consecuencia, según Faes, es un "exceso de potencia instalada, con el consiguiente sobrecoste", como el Ministerio de Industria subraya casi diariamente desde que cerró el grifo a la retribución a las renovables.
Por eso, dos de las propuestas que salen de FAES es la paralización de nuevas instalaciones del Régimen Especial -eólica, por tanto, y fotovoltaica- hasta que exista la supuesta saturación y "renegociar los objetivos de reducción de emisiones y generación renovable, si fuera necesario". Para ser "eficaces", según la fundación, en el sistema retributivo, "en lugar de primas o subvenciones que distorsiones los precios", apuesta por "estímulos fiscales". Para las tecnologías actuales y las que tengan que desarrollarse. El látigo a las regiones sale de nuevo ante la posibilidad de tener que afrontar "sobrecostes de todo tipo derivados del exceso de potencia instalada por encima de los objetivos nacionales" y que Faes insta a repercutir "directamente en el presupuesto" de las comunidades "que excedan su cuota".
Más aún. Otra de las reclamaciones apela a "clarificar" el reparto competencial en materia energética, "en particular en creación de impuestos o tasas y planificación energética", sin que existan "requisitos diferentes" entre autonomías para autorizar una instalación. Una opción que iría contra la línea de flotación de las tasas aplicadas por la Xunta al sector o los planes industriales requeridos para hacerse con parques.
Minihidráulica y biomasa
Las únicas excepciones en medio de un convencimiento indisimulado por la nuclear -Faes llega a pedir una selección de emplazamientos para nuevas plantas- es la biomasa, la otra pata de los planes energéticos de San Caetano. Pero si puede vivir sin prima. Y la minihidráulica, en la que el laboratorio popular detecta "obstáculos administrativos que paralizan numerosos proyectos".
En la presentación de las propuestas, Nadal marcó distancias y las colocó como un elemento más del "necesario debate". El proyecto de ley con la reforma del sector, en trámite parlamentario tras la aprobación del consejo de ministros, no va tan allá. Al menos de momento. Porque renovables y no renovables se tratan ya "de manera análoga", dado que su "elevada penetración" provoca "que su regulación singular ligada a la potencia y a su tecnología carezca de objeto", sostiene el preámbulo de la normativa, con el "necesario" cobro desde el mercado.
En cualquier caso, el freno a nuevas instalaciones se remonta a las primeras medidas urgentes adoptadas por el ministerio hace año y medio, sin que, a la vista de las declaraciones públicas de su titular, José Manuel Soria, haya intención de cambiar de idea. Incluso la opción contraria. La de "hibernar" plantas cuando el sistema no las necesite.
