A medida que los días pasan, el colectivo contiene un poco más la respiración. La quita está a la vuelta de la esquina y los afectados por preferentes y deuda subordinada prevén un "estallido social" cuando se aplique, según señala un comunicado conjunto varias de las plataformas que los integran. Con ella quieren también responder a las últimas declaraciones del presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, en las que critica, aducen, a los damnificados que ocuparon ayuntamientos e interrumpido plenos, e insiste en la responsabilidad del PP ante la estafa.
El escrito señala que "fue el Gobierno de Feijóo el que negoció informalmente con la UE el número de laudos arbitrales que iban a ser resueltos favorablemente -que según el exconselleiro de Industria solo representarían el 15%- y de hecho a día de hoy quedan más de 40.000 solicitudes sin resolver".
En la concentración de ayer de la plataforma del Vigo y Val Miñor ante la sede central del banco, los afectados, precisamente, se agarraban a las palabras de Feijóo en su entrevista de este pasado fin de semana a FARO donde aseguraba que había personas que todavía no habían pasado por Consumo pese a estar en la misma situación que otras que sí lo hicieron. "Llevamos 16 meses en la calle y no pararemos hasta que todos recuperemos el dinero", decían.
Medio centenar de afectados se plantaron ayer en el interior del concello de Ferrol. Como ocurre en los municipios más afectados del sur de Galicia.
Según el Gobierno, todavía quedan 5.600 millones de euros de preferentes en manos de pequeños ahorradores e inversores minoritarios. Es su respuesta a una pregunta de UPyD. A lo que faltaría por sumar la deuda subordinada.
