Como los dos antiguos directivos que ya cumplieron con su citación en la Audiencia Nacional para investigar los cobros recibidos a su salida de la caja fusionada, el que fue el responsable de la oficina de integración, incidía ayer durante su declaración en la legalidad del contrato firmado poco antes de que la operación se formalizase. Eso, y que el Banco de España conocía las condiciones laborales, que la Fiscalía Anticorrupción considera un uso "fraudulento" de los bienes de la entidad ante "la dificilísima situación económica" que atravesaba tras la inyección de 1.162 millones de euros de ayuda pública con la primera ronda de inyecciones del FROB. Precisamente ante la debilidad de las cuentas, una de las claves en las que se articula la demanda, Óscar Rodríguez Estrada quiso matizar que los problemas venían de una parte del matrimonio. Que Caixanova, de donde él procedía, "cumplía" con el Banco de España, mientras que la situación de Caixa Galicia "no era tan satisfactoria".

Las preguntas de la Fiscalía y del juez encargado del caso, Ismael Moreno, están siendo "sumamente incisivas" cuando toca hablar del balance de Novacaixagalicia, según apuntan fuentes jurídicas conocedoras de los interrogatorios. A los cinco querellados se les acusa de un delito de administración desleal o, alternativamente, de apropiación indebida, con la petición de que devuelvan un "mínimo" de casi 7,9 millones de euros.

De nuevo Anticorrupción solicitó medidas cautelares contra Rodríguez Estrada, la retirada del pasaporte y comparecencias quincenales en los juzgados más cercanos a su domicilio. Y, al igual que en la decisión tomada el miércoles con Gregorio Gorriarán, que llevó las riendas de la división inmobiliaria, el magistrado de la Audiencia Nacional optó solo por la última. A Javier García de Paredes, ex director general adjunto y al que se le reclaman hasta 5,26 millones -el 66% de toda la cantidad-, no se le aplicó ninguna medida, posiblemente, según apuntan varios de los personados, por la inexistencia de bienes en el extranjero y por su supuesta voluntad de devolver 4,7 millones.

La petición a Óscar Rodríguez Estrada es la más baja de todos. Unos 261.000 euros derivados de la paga de beneficios de 2011 y una parte de 2012 y la indemnización de 225.000 euros "por premio especial por dedicación y aportación, además de la retribución complementaria por resultados" de ese año, según Anticorrupción, que señala estas retribuciones variables como irregulares, sin que, asegura, se informara al Consejo de Administración y al Banco de España.

Dos cuestiones que Rodríguez Estrada niega. Él, mantiene, firmó el contrato de mejora en octubre de 2010 "por adhesión", porque no eran su responsabilidad las decisiones así. Algo que deja en manos del entonces director general, José Luis Pego, que declara hoy. Además, el antiguo encargado de la oficina de integración sostiene que su intención era seguir en la entidad tras su conversión en banco los nueve meses que le quedaban para la jubilación, pero que la nueva cúpula, liderada por José María Castellano, le "obligó" a marcharse.

De "inmorales y éticamente reprobables" calificaba ayer las indemnizaciones el presidente de la Xunta, que reitera su petición de devolución. Alberto Núñez Feijóo recuerda que pidió por escrito al Banco de España el freno a los pagos. "Y ése era el momento de dar la instrucción -dice-. Pero el gobernador socialista ni planteó ni admitió esa propuesta, y ahora decidirá la Justicia".