La reducida lista de responsables civiles y acusados ofrece pocas garantías de cobrar los más de 4.100 millones de euros en indemnizaciones que reclama la Fiscalía por el caos que causó la marea negra. Si los acusados no están en dispoición de hacer frente a las millonarias indemnizaciones, la ley prevé que las consecuias de estos actos se puedan extender a la empresa o administración para la que trabajan. Por eso, también deberán responder al pago de las indemnizaciones, aunque dentro de unos límites ya fijados por ley, la aseguradora del Prestige, el Fidac, así la propietaria del buque, la compañía operadora y el Estado.
